Consultas comunitarias y libre determinación

Las consultas comunitarias, además de la decisión sobre proyectos extractivos, garantizan el derecho de libre determinación y construyen nuevas formas de organización y de ejercicio del poder en los territorios. Las consultas representan la capacidad de decisión de los pueblos, sin restricción. Este es el debate que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el caso Oxec pretende anular. Esta es la lucha.

Textos:  Mario Sosa (2017), Ricardo Changala y Daniel Pascual Hernández  (2017) y Andrés Cabanas (2015). Imagen: Chajul Ixil.

Violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta

Mario Sosa, junio 2017

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento de derechos humanos que adquirió carácter constitucional al ser ratificado por el Estado de Guatemala en 1996, ha sido objeto de constantes violaciones por parte tanto del Estado como de empresas que han impuesto proyectos extractivos en territorios de comunidades y pueblos indígenas. Una de estas violaciones se refiere al derecho de consulta previa, informada y libre, que les corresponde a los pueblos indígenas como sujetos de dicho convenio.

El último hecho de violación proviene de la Corte de Constitucionalidad (CC), que debería garantizar el cumplimiento de la Constitución, y con mayor razón tratándose de asuntos relativos a los derechos humanos. Esta violación se consumó en la resolución del 26 de mayo, cuando la CC dejó sin efecto la suspensión de operaciones de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, medida provisional que había impuesto con antelación en respuesta a un amparo planteado por el dirigente Bernardo Caal en representación del pueblo q’eqchi’ de Santa María Cahabón. Este revés constitucional en materia de derechos humanos se consumó como resolución del recurso de apelación presentado por Luis Chang, ministro de Energía y Minas, y por representantes de la empresa interesada.

Aun cuando la CC reconoce que estos proyectos han sido otorgados ilegalmente al haber violado el derecho a la consulta libre, previa e informada del pueblo q’eqchi’, contradictoriamente permite la continuidad de estos incluso cuando han sido causa de tal violación. Es decir, a todas luces la CC ha optado por convertirse en una instancia al servicio de los intereses de una empresa que, además, ha realizado acciones de despojo del río Cahabón (un bien público, común y esencial para la reproducción de la vida), como muestran las evidencias gráficas que se han vuelto públicas y que fueron comprobadas por una comisión interparlamentaria del Congreso de la República instituida en 2016, luego de la Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida.

La imposición de la política extractiva, que se intensificó sobre todo a inicios del presente siglo, ha tenido un conjunto de afectaciones evidenciadas no solo por denuncias, sino también por estudios académicos de centros de investigación y universidades serias. Dicha política, sostenida por las gestiones gubernamentales, ha conllevado una violación constante del Convenio 169 de la OIT, ya que este obliga al Estado a salvaguardar los bienes y el medio ambiente de los pueblos indígenas, a consultarles en materia de planes y programas de desarrollo que pudieran afectarlos directamente, a garantizar su derecho a decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y a respetar las formas, las instancias y los procedimientos de consulta tradicionales, todo ello en la medida en que estos planes, programas y proyectos pudieran afectar sus vidas, sus creencias, sus instituciones, su bienestar espiritual y las tierras que ocupan.

Son estas violaciones la razón por la cual se han realizado cerca de 90 consultas contra proyectos extractivos, las cuales corroboran la masiva oposición a los proyectos extractivos. La mayoría de estas consultas han sido realizadas por comunidades y pueblos indígenas, los cuales han tenido como fundamento la protección del bien común. Asimismo, han sido fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT, en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y en el Código Municipal. Han sido realizadas, además, en el ejercicio del derecho a la libre determinación que subyace en el Convenio 169, ley constitucional de Guatemala.

Contradiciendo sus obligaciones, sucesivos gobiernos han sido incongruentes con los deseos expresados libremente por los pueblos y las comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho de decidir sobre proyectos que pudieran afectarlos. Dichos gobiernos (incluido el actual) han sido copartícipes con las empresas interesadas en la gestión exclusiva de intereses privados al instituir políticas, aprobar leyes, realizar gestiones jurídicas y criminalizar a los pueblos, a las comunidades y a los dirigentes sociales opuestos a los proyectos extractivos. Es decir, han sido incongruentes con la Constitución misma, pues su interés ha sido garantizar las inversiones, que, como muestran los indicadores sociales, no están significando ningún desarrollo para el soberano constitucional: el pueblo guatemalteco.

Con esta resolución, la CC no solo se alejó de proteger el derecho de consulta a los pueblos indígenas, sino además se encadenó a una institucionalidad que hace todo para violarlo, por ejemplo a través de una pretendida reglamentación restrictiva a la consulta, que, como es evidente, es de interés privado-empresarial. Hoy quedamos no solo los pueblos indígenas, sino también todo el pueblo guatemalteco, aún más vulnerables a la imposición de proyectos extractivos. Hoy el derecho al bien común es palabra constitucional muerta, ejecutada por una corte de lo constitucional.

Sin duda, esta resolución de la CC abre una nueva etapa en la conflictividad social en el país, pues en lugar de garantizar el interés común ha privilegiado el interés privado. Una conflictividad que, como ya se ha demostrado también en investigaciones de carácter social, tiene como raíz la política de Estado y los proyectos empresariales impuestos, en un contexto de históricas condiciones de miseria, desigualdad, explotación y expolio y en una coyuntura en la cual las medidas represivas y violatorias de derechos humanos parecen intensificarse. Contodoslospueblos

Contodoslospueblos


Disputas y escenarios tras la resolución sobre Oxec

Ricardo Changala  y Daniel Pascual Hernández, 14 de junio de 2017 (1)

Una decisión que agrede los derechos de los pueblos

(Ricardo Changala) La sentencia de la Corte de Constitucionalidad en el caso Oxec es tremendamente importante, tanto por los contenidos como por la forma en que está planteada. En primer lugar, fundamenta el derecho que tienen las comunidades indígenas a ser consultadas de forma previa. La primera parte de la sentencia es una larga y bien fundamentada argumentación sobre este punto.

Pero la segunda parte de la sentencia no es coherente con la primera porque permite que las hidroeléctricas continúen operando. La CC resuelve la contradicción obligando a que la consulta se realice a posteriori, en el plazo de un año, lo que sigue siendo ilegal y violatorio del derecho a la consulta previa, libre e informada.

Cualquier tema que tiene que ver con los pueblos indígenas debe ser consultado, no solamente proyectos extractivos mineros o hidroeléctricos. La sentencia anula el derecho de consulta cuando dice que los pueblos indígenas deben ser consultados pero que sigan adelante las hidroeléctricas. La Corte vacía el contenido político del derecho a la consulta.

(Daniel Pascual) La sentencia es una agresión al conjunto de derechos de los pueblos indígenas, no solo al derecho de consulta. Aquí hay un golpe al Convenio 169, a la libre determinación de los pueblos indígenas, a las luchas por la vida y en defensa de la naturaleza.

El Convenio 169 y el derecho de consulta sirven para reivindicar la salud, la educación, el derecho de los pueblos al desarrollo. Esto es lo que está siendo atacado, el derecho de libre determinación. El trasfondo es que el sector empresarial guatemalteco y transnacional está viendo las consultas como amenaza a sus proyectos.

Escenarios: polarización y lucha unitaria

(Ricardo Changala) Esta sentencia tiene importancia para el caso de las hidroeléctricas en el río Cahabón, pero tiene mucha más importancia para lo que viene después. Por eso es trascedente analizar esta sentencia.

La sentencia se pronuncia sobre el caso concreto de Oxec y al mismo tiempo pretende ser la solución final en el tema, no solo para un caso sino que expresa que lo que regula se debe aplicar a otros casos. La CC dice que, como hay un problema que se viene dando hace años, aspira que se aplique para este caso y para los demás, de ahí  la importancia.

La sentencia lejos de resolver un problema abre un abanico de problemas nuevos sobre la temática. Vienen escenarios complejos porque la sentencia confirma y desconfirma al mismo tiempo. Va a ser difícil de aplicar.

Lo que hay que hacer es propugnar para que se cumplan los instrumentos jurídicos vigentes, pero, más allá del cómo, es importante promover la reflexión sobre la importancia del derecho de consulta.

(Daniel Pascual) Lo que planteamos es una alerta, una acción colectiva de todas y todos que permita defender los derechos amenazados. Esta es una agresión a la lucha por los derechos, por la defensa de la vida y la madre tierra.

Vienen batallas fuertes, quieren utilizar esta sentencia para todos los demás proyectos. Esto es un ataque frontal a los derechos de los pueblos indígenas. Pareciera que hubo una mano externa: no solo se dio la sentencia sino que aparecieron con una Ley de Aguas y existe también un peligro enorme y latente de que se retome la represión como en el gobierno de Otto Pérez Molina, con el objetivo de desarticular las resistencias pacificas en el país.

Lo que tenemos que hacer es una lucha en común en la defensa de los derechos de los  pueblos. Esto nos deja la necesidad de la unidad, de accionar conjuntamente, con un llamado a articularnos en esta batalla.

(1) Conversación en radio Voces de Iximulew, 14 de junio de 2017. Ricardo Changala es abogado consultor de la Confederación Sindical Internacional. Daniel Pascual Hernández es Coordinador General del Comité de Unidad Campesina, CUC.

ProgramaVocesIximulewRicardo Changala (derecha) y Daniel Pascual (de frente) en entrevista en programa de radio Voces de Iximulew.


Derecho a decidir

Andrés Cabanas, mayo 2015

Las consultas comunitarias desarrolladas en Guatemala desde 2005 trascienden la oposición a proyectos extractivos en territorios (minería, hidroeléctricas, etc.).

Las consultas cuestionan y debaten sobre modos de vida, y sobre la defensa de la identidad y cosmovisión de los pueblos frente a proyectos que la afectan de forma estructural. Esta situación no se refiere solamente a procesos de pueblos indígenas, sino de comunidades y pueblos en general, que proponen nuevos ámbitos de consulta (sobre el agua en el oriente del país), nuevas formas de representación, organización y decisión.

Las consultas promueven una democracia directa, amplían el régimen de derechos, fortalecen una nueva cultura política fundamentada en el diálogo y el consenso, en vez de la imposición.

Aunque autoridades estatales y actores económicos niegan la validez de las consultas, estas se legitiman al constituir un ejercicio de decisión comunitaria y de los pueblos, fundamentada en tradiciones históricas, en leyes vigentes y en el derecho de decisión, que abarca la capacidad de definir el modelo político, económico y social.

La reducción del análisis de la validez de las consultas a aspectos legales, frecuentemente seguida por gobierno y empresas, se convierte en camisa de fuerza. Si se promueve por encima de la voluntad y la decisión de las comunidades, es ejercicio de poder arbitrario.

Esta sistematización analiza el proceso de consultas en el marco de:

  • el debate del modelo político o el modelo de democracia: los límites de la democracia y el sistema político vigentes frente al protagonismo y la decisión directa de pueblos y comunidades;
  • el debate del modelo de desarrollo económico, impuesto y opuesto a las decisiones comunitarias,
  • el debate sobre el derecho de pueblos y comunidades a decidir su propio destino, libremente y en todas sus dimensiones.

El ejercicio del derecho a la consulta se convierte en ensayo de nueva organización y operativiza el derecho de libre determinación, no incluido en el sistema jurídico oficial; es decir, el derecho de los pueblos a definir libremente su destino, en aspectos sociales, políticos y económicos.

Introducción al estudio Las Consultas como expresión de las comunidades ante las industrias extractivas FRMT mayo 2015


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