No a la pretensión de reglamentar el convenio 169

Kajkoj Máximo Ba Tiul

El año 1992 marcaba un momento importante para los pueblos originarios de América Latina. Las multitudinarias manifestaciones encabezadas por movimientos indígenas de gran raigambre en cada uno de los países, que tuvieron su momento culmen en las campañas continentales de esa década, abrían la esperanza de una nueva época para los pueblos indígenas del continente. Movimientos promovieron cambios profundos en muchos países, como en Ecuador en 1998, cuando se proclama por primera vez una Constitución que reconoce la existencia de pueblos originarios y que da origen a derrocamientos de gobiernos corruptos y criminales.

En Guatemala, sucede el otorgamiento del Premio Nóbel de la Paz a Rigoberta Menchú, la firma del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en el calor del proceso de paz, y la ratificación del tan discutido y manoseado Convenio 169, en 1996, con la presión de muchas organizaciones y consorcios de organizaciones indígenas como la Unión del Pueblo Maya de Guatemala, Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala, la Convergencia Maya Majawil Q’ij, estas tres ligadas al movimiento de izquierda, y otras como la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, la Coordinadora de Organizaciones Mayas de Guatemala y más.

Otros acontecimientos importantes en América Latina, impulsados por movimientos fuertes, fueron el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la llegada de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo al gobierno de Bolivia.

Estos momentos, que podríamos denominar de oro de los movimientos indígenas, dan como resultado la participación fuerte de pueblos originarios en los Foros Mundiales, así como los Foros de Pueblos Indígenas en el Continente, donde los pueblos indígenas asumen el reto de caminar hacia cambios profundos en las estructuras de los Estados latinoamericanos, sobre todo porque todos están controlados por lo que ahora se llaman los conservadores, a quienes durante muchos años se les conoció como oligarcas, burgueses y ahora corruptos, narcos, etcétera.

Por poner una fecha, cuando comenzábamos en Guatemala a transitar por una reforma a la democracia y al sistema de Estado, más o menos en los años 2000, se inaugura lo que, ahora, muchos teóricos llaman la “restauración conservadora”, que tuvo como aliado a Estados Unidos, que durante muchos años tiene su interés en nuestro país, no solo para utilizarlo como un espacio para el control latinoamericano, sino porque aquí hay grandes yacimientos de minerales que le son de utilidad. Este grupo de criollos, desde la colonia española, han vivido de la explotación de los recursos que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas, principalmente en territorios mayas, utilizando como mano de obra barata a la gran mayoría de indígenas.

Por este interés han logrado la atención de algunos académicos indígenas y supuestos representantes indígenas, quienes durante muchos años han sabido vivir de la cooperación internacional y, así, hablan sobre la regulación y el control que hay que hacer para la aplicación del Convenio 169, para evitar la movilización indígena y abusivamente y de forma fácil penetrar en los territorios indígenas, con toda la licencia para destruir el centro de la dignidad indígena, que es la tierra y el territorio.

Esta intencionalidad de crear unos “estándares básicos” para la aplicabilidad del convenio 169 había sido ya planteada durante el gobierno de Berger, por quienes se llaman intelectuales indígenas. Unos años antes, quien era en ese momento “procurador indígena” de la Procuraduría de los Derechos Humanos, licenciado Martín Sacalxot, hoy asesor del Ministerio de Trabajo, publicó los “derechos humanos básicos para los pueblos indígenas” y así podemos mencionar a otros como: grupo Kabawil, Naleb’, la Asociación de Empresarios Indígenas y otros que han estado bailando al son que les toquen, para quedar bien con el sistema de opresión que promueve el Estado contra los pueblos originarios de Guatemala.

Con esto confirmamos que los llamados “Estándares Básicos para la aplicabilidad del Convenio 169” son lo mismo, solo que en versión ampliada, de lo que en un momento otros indígenas de Guatemala llamaron “Reglamento de Consulta” o lo que se denominó la ley de los artículos sobre pueblos indígenas de la Constitución Política de la República de Guatemala. Son los mismos indígenas que durante estas dos últimas décadas se han dedicado a hablar sobre pueblos indígenas en instancias de gobierno e instancias internacionales, incluso hablando de autonomía y libre determinación, pero integrando a los pueblos al modelo capitalista neoliberal o al modelo extractivista.

No solo por eso nos oponemos a la reglamentación del Convenio 169, sino porque el Convenio 169 no se puede entender ahora sin hacer alusión a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, es decir, que reglamentar o crear estándares básicos obviando esto, es una clara acción inconstitucional, por el artículo 46 constitucional.

Al mismo tiempo nos oponemos a esta maniobra del conservadurismo guatemalteco y sus aliados “indígenas permitidos”, porque el modelo extractivista ha causado grandes violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas y por lo tanto no se puede reglamentar una consulta, dando cabida a que las empresas puedan seguir trabajando mientras se promueve la consulta, cuando los instrumentos internacionales dicen que “son previas e informadas”, no después de haber causados daños, sobre todo a la vida.

Este además de ser un análisis personal, es un llamado para que nadie vaya al encuentro programado para la presentación de los Estándares y, quien vaya, lo haga con la conciencia de oponerse a tal  intención de seguir desangrando nuestras comunidades.

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