Canal de Nicaragua: la entrega de un país

Creo que podemos construir un país próspero en el que podamos ser felices sin destruir las bases sobre la que se asienta la vida. No es cierto que el precio del progreso para Nicaragua tenga que ser la más grande catástrofe ambiental, social y política en este hemisferio.

La entrega de un país. Expediente Jurídico de la concesión canalera en Nicaragua. Mónica López Baltodano, 21  de febrero de 2017.

La aspiración de la construcción de un canal interoceánico, incubada a lo largo de la historia de Nicaragua, ha estado siempre acompañada de una suerte de consentimiento universal compartido por las élites criollas del poder político y económico, para las cuales el canal representaría la materialización del gran sueño nacional.

Esta ilusión ha traído siempre consigo la promesa y el mágico hechizo de que, con el canal, se pondrá fin a los problemas históricos del país. De tal manera que este sueño ha convivido con todos los regímenes políticos.

En casi 200 años de historia republicana, Nicaragua ha firmado más de 30 documentos jurídicos y se han elaborado más de 70 propuestas de proyectos para su construcción, siendo el más reciente la concesión canalera entregada por el Gobierno de Daniel Ortega al empresario privado chino Wang Jing (2013).

Debemos decir, también, que la ilusión de que el canal erradicará la pobreza en Nicaragua, sin duda, seduce y somete a una ciudadanía ansiosa y sedienta de la realización de muchas expectativas colectivas frustradas. Pero sabemos muy bien que estas promesas del poder no están exentas de mentiras, ocultamientos y engaños. Al igual que sabemos que la opinión crítica no prevalece sin resistencia popular en tiempos complejos de criminalización de la protesta, de campañas de intimidación y agresiones.

De ahí que sea tan importante apoyar y acompañar la valiente movilización de miles de campesinos, campesinas y pobladores que, a la fecha, ya han protagonizado más de 85 marchas pacíficas de protesta demandando la derogación de la ley canalera.

Esta publicación es un obligado reconocimiento al trabajo colectivo y al compromiso de múltiples personas y organizaciones que se han abocado a defender los derechos humanos, los bienes comunes y la soberanía nacional frente a la multi-amenaza de la concesión canalera, y también a quienes nos hicieron llegar desde el anonimato sus opiniones y sugerencias cómplices con esta lucha.

Pretendemos que quede en evidencia el descomunal esfuerzo jurídico y sobre todo movilizativo que ha protagonizado el pueblo de Nicaragua, y de manera especial, las comunidades campesinas que habitan la ruta canalera, en esta legítima exigencia por que se respete la soberanía nacional.

 

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A continuación resumo en diez puntos mis valoraciones jurídico-políticas sobre los documentos legales que sustentan la concesión canalera, cuestionamientos que ya hemos llevado a muchas partes de Nicaragua y el extranjero, en casi cuatro años de compromiso en la lucha contra la más onerosa concesión de la historia de nuestro país.

Desde los primeros pasos, con el Recurso por Inconstitucionalidad que presenté en el año 2013 ante la Corte Suprema de Justicia, pasando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Latinoamericano del Agua, innumerables acciones de denuncia nacional e internacional, hasta la portentosa Iniciativa Ciudadana de Ley para la Derogación de la Ley 840 que contó con el respaldo de más de 28,000 personas.

1. Enfrentamos una concesión abiertamente inconsulta y violatoria de derechos humanos, la que sin contar con la autorización previa de las alcaldías municipales, ni la debida consulta ciudadana, ni el consentimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y atropellando intempestivamente la Constitución Política de Nicaragua, vergonzosamente fue aprobada en la Asamblea Nacional, por la Bancada de Gobierno, en tan solo tres horas de debate y en un trámite que duró menos de una semana; formalizando jurídicamente los acuerdos que fueron negociados completamente en secreto por el Gobierno.

2. Enfrentamos una concesión que garantiza, por 116 años, derechos absolutos a favor de un inversionista privado sobre nuestros más valiosos y estratégicos recursos naturales, entre ellos, nuestro majestuoso Lago Cocibolca, principal reserva de agua dulce de toda Centroamérica, el segundo lago más grande de toda Latinoamérica y del que actualmente beben agua más de 200,000 personas.

Enfrentamos una concesión que afectará más de siete áreas protegidas nacional e internacionalmente, cuya destrucción haría inviable el Corredor Biológico Mesoamericano. Todo ello, sin que existiera previamente a su autorización por el Gobierno y el Parlamento, ningún tipo de estudio de impacto ambiental y social, ni mucho menos estudios de factibilidad técnica, financiera o comercial. La comunidad científica nicaragüense e internacional ha denunciado la gravedad y las peligrosas consecuencias de este manejo irresponsable.

Pese a todo esto, en noviembre de 2015 el gobierno emitió el permiso ambiental para el proyecto sobre la base de un Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la firma consultora Environmental Resource Management (ERM), contratada por la propia empresa concesionaria china, que irónicamente reconoce de forma explícita que se trata de un estudio incompleto al que aún le hacen faltan importantes estudios adicionales, advirtiendo que dichos vacíos debían remediarse antes de tomar decisiones finales lo que, por irracional que parezca, el gobierno de Nicaragua decidió desconocer.

Por si fuera poco, la propia consultora del estudio socio-ambiental llegó a afirmar que “todas las rutas económicamente viables para un Canal de Nicaragua a través del Área de Estudio tendrían impactos ambientales y sociales significativos, ya que dichas rutas deberían atravesar áreas protegidas reconocidas a nivel internacional, tierras indígenas reconocidas legalmente y el Lago de Nicaragua, todas las cuales bajo circunstancias normales serían consideradas como áreas no viables”.

3. Enfrentamos una concesión que entrega propiedades públicas, privadas y comunitarias de pueblos indígenas y afro-descendientes, en cualquier de los territorios que el inversionista desee, que bien puede ser en cualquier parte del país, quedando el pueblo nicaragüense sometido a un régimen de expropiación vergonzoso, que no solo le entrega a Wang Jing gratuitamente las propiedades públicas, sino que es extremadamente oneroso para más de 119,000 productores y campesinos que habitan en la ruta del proyecto.

Estos ciudadanos y ciudadanas serían sometidos a un despojo forzoso de sus hogares, ya que según la ley canalera recibirían un pago equivalente estimado del 5% del valor real de sus tierras, sin ninguna garantía de los mecanismos para su reubicación.

Estas violaciones son tan evidentes que la misma consultora ERM, del referido estudio, tuvo que reconocer, y cito literalmente: “el proceso de expropiación de tierra y reubicación involuntaria no cumple con las normas internacionales. El Proyecto está en riesgo de perder su licencia social para operar y puede poner en peligro su viabilidad si no se respetan las normas internacionales. La Ley 840 no es consistente con las normas internacionales en relación a la compensación y limita los derechos de los propietarios de las tierras a impugnar muchos aspectos del proceso de expropiación”. Nuevamente, el gobierno nicaragüense en evidente contubernio con la empresa concesionaria china, decidió hacer caso omiso de esta advertencia.

4. Enfrentamos una concesión que vende al país por un pago directo de 100 millones de dólares, que el inversionista intentará pagarnos luego de construir el canal; ridículo monto que, para ilustrar, es directamente proporcional a lo que ingresa en nuestra economía nacional, en tan solo dos meses de remesas familiares. Actualmente, Nicaragua ostenta tan solo el 1% de las acciones totales del proyecto, monto que teóricamente crecerá después de la construcción del canal, sobre la base de unos acuerdos entre accionistas que jamás han salido a la luz pública.

Mientras tanto, la Policía y el Ejército de Nicaragua han sido designados como garantes de la seguridad del proyecto. Con dolor debemos decir que su gestión hasta hoy ha estado marcada por agresiones y arbitrariedades que lesionan directamente los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Pretendemos que quede en evidencia el descomunal esfuerzo jurídico y sobre todo movilizativo que ha protagonizado el pueblo de Nicaragua, y de manera especial, las comunidades campesinas que habitan la ruta canalera, en esta legítima exigencia por que se respete la soberanía nacional.

Desde el 13 de junio de 2013 comunidades han protagonizado aproximadamente 86 marchas en defensa del lago, la soberanía y la vida, con participación de 244,000 personas.

5. Enfrentamos una concesión que generosamente libera al inversionista y sus socios del pago de cualquier tipo de impuestos durante 116 años para todos los proyectos incluidos en el gran combo de la concesión que incluye: canal húmedo, canal seco, ferrocarril, oleoducto, puertos de aguas profundas, zonas de libre comercio, aeropuertos, y la gran caja de sorpresas de los nuevos sub-proyectos que Wang Jing puede ir agregando adicionalmente, a su libre voluntad, y sin pagar un centavo.

Esta trampa jurídica le ha permitido agregar nuevos sub-proyectos como la construcción de ciudadelas, centros turísticos, hidroeléctricas, fábricas de explosivos, acero y cemento e incluso, la inundación de 400 kilómetros cuadrados del territorio nacional para construir un embalse artificial. Es un régimen tributario excepcional que verdaderamente supera todos los sueños de los grandes capitales.

6.Enfrentamos una concesión que, en palabras del Presidente Ortega en 2013, prometía generar un millón de empleos, pero que ahora, en palabras del inversionista chino, teóricamente aseguraría solo 25,000 empleos temporales para nicaragüenses en condiciones de enclave y jornadas extenuantes. Es decir, trabajo temporal para el 0.7% de la población económicamente activa.

Como ciudadanos y ciudadanas debemos preguntarnos, ¿qué sentido tiene despojar a 119,000 personas de sus tierras y actividades productivas, y afectar a más de 200,000 personas que actualmente beben agua del Gran Lago Cocibolca, y a las futuras generaciones que también beberán de él, por 25,000 empleos temporales? Todo ello sin incluir los costos de los daños ambientales y el drama social que el proyecto generará.

7. Enfrentamos una concesión que inventó un mega-ministerio llamado “Comisión del Canal”, una autoridad todopoderosa que, bajo las órdenes del Presidente, toma decisiones en nombre del pueblo de Nicaragua, sin consultar absolutamente nada. Hoy, varios años después de haber sido creada, nadie sabe dónde se reúnen, cuando se reúnen, ni qué decisiones toman porque sus resoluciones nunca han sido publicadas.

8. Enfrentamos una concesión entregada arbitrariamente y sin licitación a un ciudadano chino, llamado Wang Jing, quien ha constituido una red de más 16 empresas de maletín, fantasmas jurídicos inventados para este proyecto, sin antecedentes técnicos, ni experiencia, varias de ellas “respaldadas” por capitales sociales que no superan los 1,000 dólares.

Nadie sabe hoy de dónde saldrán los 50 mil millones de dólares que hipotéticamente cuesta el proyecto. Hemos podido demostrar que la empresa concesionaria responsable de la obra de infraestructura más grande de la historia de la humanidad en materia de remoción de tierra, fue creada tan solo 15 días antes que se firmara el primer documento que le otorga derechos sobre este mega-millonario negocio; derechos que -por cierto- puede ceder, transferir y negociar con terceros a su libre y espontánea voluntad.

9.Enfrentamos una concesión que abusivamente sustrae al inversionista del cumplimiento de la ley nacional, estableciendo que no se le podrán aplicar sanciones ni civiles, ni penales, ni administrativas, obligando a trasladar la seguridad jurídica de los nicaragüenses a las resoluciones de tribunales de arbitraje que operan en Londres, ya que ningún juicio será tramitado en Nicaragua. Y qué decir respecto a la aberración de haber puesto las reservas del tesoro nicaragüense como garantía a favor del inversionista.

Situación atropellante que aún va más allá, pues el Presidente Ortega, pasando por encima de sus atribuciones y superando lo inimaginable, se comprometió con Wang Jing a reformar la Constitución de Nicaragua ajustándola a los intereses corporativos del gran capital, lo que vergonzosamente ocurrió en enero de 2014, pretendiendo así dar una apariencia de legalidad a una concesión abiertamente inconstitucional.

10. Finalmente, enfrentamos una concesión que, bajo la ilusión del canal, esconde un sin fin de posibilidades, que funcionarán bajo los lineamientos de los oscuros intereses económicos privados y geopolíticos que subyacen a la iniciativa, y en los que se incluye la posibilidad de que el mismo canal húmedo nunca sea construido.

En efecto, podrían no construir jamás el canal, y seguir manipulando una y otra vez -de acuerdo a sus intereses- esta ilusión siempre presente. De tal manera, que mientras exista la Ley 840 la concesión continuaría vigente para todos los demás proyectos conocidos y por conocerse, con todos los privilegios y beneficios necesarios para la apropiación privada del país, sus tierras y sus recursos. La vigencia de la concesión, por 116 años, les da licencia para hacer en el país lo que les venga en gana.

Creo este es quizás el reto más grande que enfrenta nuestra generación: ¿seremos capaces de empujar a Nicaragua hacia un destino en que prevalezca la vida, el respeto por nuestra gente, por las comunidades y la naturaleza? ¿O venderemos humillados lo más valioso que nos queda, nuestros bosques y lagos, a los intereses corporativos del gran capital?

Creo que podemos construir un país próspero en que podamos ser felices sin destruir las bases sobre la que se asienta la vida. No es cierto que el precio del progreso para Nicaragua tenga que ser la más grande catástrofe ambiental, social y política en este hemisferio.

Ponemos en manos del lector todo el recorrido y los documentos legales de esta batalla jurídico-política en la lucha contra la más grande amenaza de despojo que hayamos conocido en la historia de nuestro país.

Texto completo en La entrega de un país

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