CONAP, el nuevo señor feudal

Los nuevos encomenderos de la patronal ambiental en Guatemala

Equipo de Investigación Oxlaju Tzuultaq’a / CPT Manuel Tot, julio de 2017

Dos mil familias de doce comunidades indígenas ancestrales del Polochic, Alta Verapaz, denuncian prácticas genocidas del Estado de Guatemala por medio del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, de Las Veparaces. Aseguran poder iniciar juicio internacional por genocidio y otros delitos en contra del Presidente de Guatemala, Jimmy Morales; el ingeniero Elder Manrique Figueroa Rodríguez, secretario ejecutivo del CONAP, y su Junta Directiva; el ingeniero Juan Abel Sandoval Yat, asesor del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas; y el expresidente Álvaro Colom Caballeros.

La denuncia tiene lugar luego de la negativa del CONAP de tomar en cuenta a los comunitarios que por décadas han colaborado gratuitamente en proteger la Sierra de las Minas.

Desde tiempos de la extinta Dirección General de Bosques -DIGEBOS-, año con año, en cada comunidad, se forman brigadas contra incendios forestales. Sin embargo, ahora que los campesinos pretenden ingresar al Programa de Incentivos Forestales para pequeños posesionarios de tierra con vocación forestal o agroforestal -PINPEP- encuentran la oposición en forma de capricho o arbitrariedades del CONAP de Las Verapaces (1). Esta institución se niega a extenderles un papel donde se dictamine técnicamente que las actividades que proponen y siempre han realizado, y que se comprometen a seguir realizando durante diez años más, son de bajo impacto ambiental y adecuadas para proteger el bosque natural de la Sierra de las Minas.

Ese documento o dictamen técnico que los campesinos solicitan no afecta el presupuesto del CONAP, es solo una opinión técnica que permitiría que los campesinos tuvieran la posibilidad de ingresar sus expedientes al Instituto Nacional de Bosques -INAB- para gozar de los incentivos forestales. El CONAP se niega a otorgarles dicho documento, a pesar que se encuentra obligado contractualmente, según la Escritura 67 de Escribanía de Gobierno (2), en la cual, prácticamente, las comunidades indígenas figuran como posesionarias, beneficiarias o usufructuarias naturales de dichos proyectos, aunque el Estado utiliza esta escritura contra las comunidades.

Propiedad y posesión histórica

El pueblo q´eqchi´de la zona del Polochic ha habitado y posesionado el área de Sierra de las Minas desde antes de la invasión y colonización española: por lo tanto su posesión es anterior a la fundación del Estado mismo. Históricamente la posesión de la tierra por parte de las comunidades es indiscutible.

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Imagen No. 01: Mosaico Catastral Finca 19,610
Fuente Registro de Información Catastral

Propiedad y posesión registral

Sumado a la posesión histórica, consta en el Registro de la Propiedad que la finca identificada con estos datos: 19,610, folio 99, libro 82 de Transformación Agraria, de Alta Verapaz, siempre perteneció a las comunidades indígenas. La Escritura 67 de fecha 25 de febrero de 1991, consiste en un contrato de adjudicación bajo condiciones específicas al CONAP, no consiste un contrato de propiedad. Las condiciones específicas de este documento son:

a) las fincas adjudicadas deben destinarse a los fines de conservación;

b) debe tomarse muy en cuenta a todos los pobladores del área, en especial a las comunidades indígenas que habiten las fincas antes citadas, quienes deben tener un papel muy importante en la toma de decisiones, la planificación e implementación de los proyectos y la administración;

y c) la violación a estos preceptos dará lugar a la cancelación de derechos.

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Imagen No. 02: Extracto Escritura No. 67 de la Escribanía de Gobierno, año 1,991
Fuente: Registro General de la Propiedad.

Inicio de un colonato de Estado o campos de concentración en Áreas Protegidas

El Estado, con engaños, despojó a las comunidades de sus tierras mediante la Escritura 67. Esta cesión o donación resulta muy dudosa pues, según el Consejo de Ancianos de dichas comunidades, no recuerdan ninguna consulta o asamblea comunitaria donde ellos o sus antepasados hayan regalado esas tierras, por lo que esta donación amerita una investigación muy profunda. Según los líderes comunitarios de Sierra de Las Minas, la Escritura 67, tal y como la interpreta el Estado, materializa un despojo estatal y se crea una forma de sometimiento o colonato en desmedro de cientos de comunidades indígenas. Aparece en la segunda inscripción de dominio de la finca No. 19,610, asiento 521, folio 298, diario 1117, que la Cooperativa Agrícola Actelá R.L. cedió a la Nación sus tierras en noviembre de 1978 (en la época más cruenta de la guerra).

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Imagen No. 03: Extracto Escritura No. 67 de la Escribanía de Gobierno, año 1,991
Fuente: Registro General.

Aparece el CONAP dentro de las comunidades indígenas

Estas fincas fueron despojadas con engaños a las comunidades, con la excusa de que era para regularizar las tierras y para adjudicarlas a otros grupos, o a las comunidades que no eran cooperadores o parte de la Cooperativa Actelá, por lo que al parecer fue aceptado el traspaso hacia la Nación. Sin embargo, casi treinta años después, los campesinos se dan cuenta que se incumplió con esa regularización y descubren que esas mismas fincas aparecen luego adscritas o adjudicadas al CONAP mediante la Escritura 67 ya referida, dando inicio a un moderno sometimiento, colonato, encomienda o vía crucis para las comunidades, pues el CONAP surge como una figura de encomendero o señor feudal legalmente autorizado para practicar un colonato de Estado.

A las comunidades en la Sierra de las Minas se les confina a vivir en un área de menos de una manzana por cada familia de entre siete y ocho miembros, o sea, se les delimita un área que por lo general es inadecuada para el cultivo de alimentos o granos básicos, se les prohíbe el uso de secadoras de leña para sus cultivos de cardamomo (para que no consuman mucha leña) y se les prohíbe cultivar otras especies comerciales, limitando con ello su capacidad económica, su competitividad en el mercado. El Estado de Guatemala, a través del CONAP, en nombre de la protección de la flora y fauna, crea y promueve condiciones infrahumanas en todas las comunidades q´eqchi´que circundan la Sierra de las Minas.

La institución llamada CONAP, que ahora está siendo investigada, es la principal causante de que las comunidades no superen las condiciones de extrema pobreza ni la desnutrición infantil crónica como natural consecuencia de haberse restringido su hábitat natural, y en un trabajo de protección forestal que las ha sometido a condiciones que han lesionado gravemente su autoestima moral.

Cada comunidad simula perfectamente un campo de concentración humana, de los que ya no existen en la Alemania nazi, pero sí existen en Guatemala en la Sierra de las Minas. Parece que se pretendiera destruir total o parcialmente al pueblo q’eqchí con las prácticas de sometimiento jurídicamente aberrantes contenidas en los famosos Convenios de Cooperación o mal llamados de Convivencia, suscritos por el CONAP y algunas comunidades, refrendados por un Presidente disque constitucional, donde se obliga a los campesinos, sin ningún salario ni prestaciones de ningún tipo, a participar forzosamente como jornaleros sin paga alguna en un plan maestro; se les obliga a ser guardianes de esa vasta región para no permitir la entrada de más personas con fines de establecerse temporal o permanentemente en el área protegida; se les obliga a evitar la extinción, caza o degradación de los recursos naturales del área; se les obliga a denunciar cualquier acto ilícito; se les obliga a respetar a dar mantenimiento a los límites de la fracción de tierra del área donde los mantienen concentrados, y por ende de la Sierra de las Minas.

El CONAP, después de haber arrebatado la propiedad y la posesión a las comunidades ancestrales mediante la Escritura 67, prosigue el despojo en el Convenio de Cooperación, donde, en la cláusula séptima, se reserva con exclusividad la propiedad y derechos de carbono sobre los bosques y cualquier sumidero de carbono, así como toda negociación o colocación, nacional e internacional, así como de cualquier tipo de aprovechamiento relativo a los Créditos de Carbono, en cualquiera de sus formas y denominaciones presentes y futuras, al igual que de cualquier otro instrumento que pueda generarse por diversas actividades de reducción de emisiones establecidos en el convenio marco de cambio climático, Protocolo de Kioto (3), mercado regulado o voluntario, incluyendo posteriores revisiones, modificaciones, reservas o actualizaciones, quedando en primer orden incluidos en dicha reserva los Certificados de Reducción de Emisiones (CERS), montos asignados anualmente (AAUS), unidades de reducción de emisiones (ERUS) y unidades de remoción de emisiones (RMUS).

El origen de este Convenio de Convivencia tiene un móvil económico. Para concursar todos estos delitos ha sido muy necesaria, estratégica y conveniente la participación o acompañamiento de brazos privados disfrazados de ONG, con mucho renombre, cuyo requisito parece ser, en primer lugar, el tener recursos y contactos políticos para aparentar ante el mundo entero que es gracias a ellos que desde sus oficinas en el centro cívico y en la zona 10 de la capital, protegen perfectamente tan vasto ecosistema, haciendo invisibles a las comunidades indígenas, quienes realmente realizan la protección. El segundo requisito es tener un hambre voraz, muy superior al estómago de millones de campesinos indígenas que habitan y verdaderamente protegen la Sierra de las Minas. La avaricia voraz de Defensores de la Naturaleza y Fundaeco, las ONGs a las que nos referimos, solo puede ser saciada con los créditos de carbono, aparte de los otros beneficios disfrazados de consultorías para la investigación científica que se generan en este vasto territorio ancestral.

Decisión firme en las comunidades

Los líderes comunitarios entrevistados manifiestan mucha decisión y optimismo en que podrán lograr una sentencia muy favorable en todas las áreas del derecho, y aducen que será muy fácil probar en cualquier tribunal internacional que efectivamente esas comunidades indígenas han sufrido o sido víctimas de sometimiento, vejámenes, trabajos forzados, engaños al despojarlos de las escrituras y propiedades, y hasta negación de tramitar los incentivos forestales.

Los líderes comunitarios indican que no hay que andar buscando huesos enterrados como en los casos tradicionales, ni buscando cementerios clandestinos, pues cada comunidad es prácticamente un cementerio viviente, donde los están exterminando poco a poco, y las pruebas son los índices de pobreza, desnutrición, mortalidad infantil que ya están en poder de los mismos organismos internacionales. Además, todas las actuaciones del CONAP y de Defensores de la Naturaleza constan en actas y resoluciones, donde siempre se les han negado sus derechos en forma sistemática, hasta llevarlos a perder las facultades cognoscitivas que les impiden lograr un desarrollo humano adecuado. Con índices de desnutrición alarmantes, cada indígena es una prueba viviente y sus exámenes médicos y unas sencillas inspecciones judiciales hablarán por sí solos. No habrá discusión de forenses queriendo hacer que los huesos hablen, pues las muestras vivientes de desnutridos y las resoluciones o escrituras engañosas y oficios ilegales emitidos por el mismo Estado, están a la orden del día en todas las comunidades denunciantes.


(1) El PINPEP es un programa dependiente del Instituto Nacional de Bosques, INAB. Fue creado por el Congreso de la República mediante el Decreto número 51-2010; por ley, cuenta con el 1% de los ingresos ordinarios del Presupuesto de la Nación: aproximadamente 500 millones de quetzales cada año.

(2)La institución se denomina Escribanía de Gobierno y Sección de Tierras.

(3) Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.

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