Síntesis del caso río Madre Vieja

Abusos similares al del Madre Vieja, extendidos por todo el país, llevaron en 2016 a la Marcha por el Agua, en la que desde varios puntos del país confluyeron en la capital comunidades, organizaciones sociales y autoridades indígenas, presentando públicamente, el 22 de abril, más de 70 denuncias por abusos contra el medio ambiente, la Madre Tierra y los derechos humanos.

Asociación Cuencas Ríos Madre Vieja y Coyolate (ACURMAVYC) y Asociación Utz Che’. Escuintla, 21 de Noviembre 2017

A comienzos de 2016, cuando iniciaba su administración el presidente Jimmy Morales (ni corrupto, ni ladrón…) uno de esos largos callejones de piedras que fueron los ríos de la costa sur de Guatemala, el Río Madre Vieja, era liberado por los vecinos de la Nueva Concepción, en Escuintla, después de más de una década de protestas y denuncias presentadas, cada verano en que las fincas y empresas -principalmente de la caña de azúcar, la palma aceitera y el banano- le extraían el agua hasta secarlo, para irrigar sus extensas plantaciones.

Enfrentados a la dura escasez de agua, y con ello las pérdidas en sus cultivos y la proliferación de enfermedades, un grupo de vecinos de las “trochas” o comunidades del Parcelamiento de Nueva Concepción, en la parte baja de la cuenca, reunieron coraje y decisión para enfrentarse a las poderosas empresas agroindustriales. Demandaron, a las autoridades municipales y del gobierno central, atender sus demandas y exigir que las empresas liberaran el río. Aunque sus propios vecinos les señalaran de ser “unos locos, que solo van a lograr que los maten, creyendo que van a quitarle el agua a los ricos…”.

Después de arduas negociaciones y acuerdos alcanzados con las empresas y las dependencias de gobierno, contando con el valioso apoyo del alcalde municipal recién electo, el 9 de febrero de 2016 la iglesia católica y algunas organizaciones sociales pudieron obligar a las empresas -principalmente al Grupo HAME propiedad de Hugo Alberto Molina Espinoza- a liberar el río, aunque fuera por unos pocos días.

Ese año, siguieron al Madre Vieja las protestas en otros tantos departamentos de la costa sur, cuyos ríos, arroyos, estuarios, lagunas y manglares, han sido afectados por el mismo abuso -el acaparamiento del agua- que sumado a la contaminación provocada por la aplicación intensiva de agro tóxicos y la quema de la caña de azúcar, llevan cada año la región al borde de la crisis alimentaria, humanitaria y ambiental. ¿Por qué se padece la escasez del agua -hasta el grado de destruir los ecosistemas y hacer peligrar la vida humana- en un país con tanta agua, en una zona con tantos privilegios en materia de clima y fertilidad de los suelos?

Según el Perfil Ambiental de Guatemala, nuestro país tiene “mucha agua, pero poca gestión”. Este documento responsabiliza a la concentración de esfuerzos en actividades económicas degradantes y contaminantes -y al mismo tiempo excluyentes- de dejar como saldo no solo un abanico de problemas y crisis ambientales, sino también una población en condiciones de pobreza. Mientras que los esfuerzos de gestión del agua se concentran en el consumo humano (de los hogares) que es solamente el 2.5% del total del agua que se utiliza a nivel nacional, el mayor volumen de agua -más de 20,000 millones de metros cúbicos (m3) anuales- se utiliza con un enfoque extractivo, bajo una maraña de instituciones, planes y políticas de “gestión integral del recurso hídrico” que no se implementan.

¿Por qué ocurren estos abusos de forma tan extensa y permanente, sin control alguno? ¿Quiénes se benefician de esa falta de gestión del recurso hídrico? Solamente en una porción de la cuenca baja del río Madre Vieja, durante las mediciones realizadas durante las Mesas Técnicas de Diálogo de 2016, se mostró que el caudal bajaba de 11 m3/seg. a la altura de Cocales, a 2 m3/seg en la Trocha 14 cerca de la desembocadura. Descontando una serie de factores, serían aprovechados diariamente sin regulación unos 750 mil m3 diarios por las grandes fincas y empresas agroindustriales de palma aceitera, caña de azúcar y banano. Al mismo tiempo que los ecosistemas de manglar, ribera del río y otros humedales son destruidos sin remedio, y tanto los hogares como las parcelas campesinas de las tierras bajas padecen de la escasez del agua tanto superficial como del subsuelo.

Si bien durante las negociaciones y “Mesas técnicas de diálogo”, que diversas dependencias han montado como paliativos al descontento y la conflictividad socio ambiental, las empresas tienden a exculparse señalando tanto al cambio climático como a otras empresas de los abusos, los comunitarios han señalado como responsables a las empresas Grupo HAME de la palma aceitera y el banano, a los ingenios azucareros Pantaleón, La Unión, Palo Gordo, El Pilar, Magdalena y Madre Tierra, así como las plantaciones cañeras de la empresa SERCA propiedad de Víctor Orantes y las fincas bananeras Las Vegas Madre Vieja, Las Vegas Palo Blanco y La Sierra, entre otras.

Abusos similares al del Madre Vieja, extendidos por todo el país, llevaron en 2016 a la Marcha por el Agua, en la que desde varios puntos del país confluyeron en la capital comunidades, organizaciones sociales y autoridades indígenas, presentando públicamente más de 70 denuncias por abusos contra el medio ambiente, la Madre Tierra y los derechos humanos. Por esos días, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales Sidney Samuels ya había realizado sobrevuelos en la costa sur, constatando gran cantidad de desvíos de ríos y otros abusos, y había anunciado públicamente que los iba a denunciar y detener. Sin embargo, a mediados del año esas medidas se fueron retirando, mientras el ministro justificaba que el presidente Jimmy Morales le giró instrucciones de “privilegiar el diálogo con las empresas”. Estas “conversaciones” llevaron a la publicación del Acuerdo Ministerial 335-2016 que contiene las Normas para promover la gestión integrada de cuencas a través de la creación y operación del Inventario de Usuarios del Recurso Hídrico en las Cuencas Hidrográficas de la República de Guatemala.

Este reglamento, así como el Acuerdo Gubernativo 50-2015 que antes había creado la Dirección de Cuencas y Programas Estratégicos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, constituyen abusos de parte del Ejecutivo y de este Ministerio, al atribuirse competencias que no le corresponden como autoridad rectora del uso y aprovechamiento de las aguas, contradiciendo la Constitución Política de la República, que en sus Artículos 127 y 128 señala que las aguas son bienes de dominio público, que su uso debe darse de acuerdo con el interés social, y que una ley específica regulará la materia.

En agosto 2017 muchas comunidades de la Costa Sur decidieron retirarse de las Mesas Técnicas de Diálogo de las gobernaciones departamentales y el MARN, puesto que el Inventario de Usuarios solamente ha servido para maquillar de legalidad los abusos de las fincas y empresas agroindustriales, desviando ríos y extrayendo el agua del subsuelo. Estas regulaciones, al igual que la Iniciativa de Ley 5161 que actualmente se ha dictaminado favorablemente en el Congreso, buscan legalizar los abusos de las empresas mientras que obligan a las comunidades a registrarse como usuarias del agua. Esto afectará a toda la población del país, incluyendo las comunidades que protegen las partes altas de las cuencas.

Al igual que todas las familias y comunidades del país, las comunidades del río Madre Vieja y de toda la costa sur guatemalteca, demandan:

(1) respeto a su derecho humano al agua, en cantidad y calidad suficiente, para vivir una vida digna y con oportunidades de prosperidad; (2) que las grandes fincas y empresas agroindustriales detengan sus abusos sobre el medio ambiente y el agua, respetando los derechos humanos y los ecosistemas marino-costeros, así como las riberas de los ríos, las lagunas y demás reservas de biodiversidad; (3) que las dependencias y funcionarios del Estado asuman sus reponsabilidades y tomen medidas efectivas para proteger y garantizar los derechos humanos al agua, alimentación, salud y al medio ambiente sano de la población rural de la Costa Sur de Guatemala; y (4) que las leyes, reglamentos y demás regulaciones emitidas por los organismos del Estado sean leales con el Pueblo de Guatemala, velando por el bienestar de toda la población, sin ocultar privilegios para las poderosas empresas agroexportadoras.

En el mediano plazo, la única opción que tiene Guatemala para asegurar una gestión justa del agua, como un factor esencial para el desarrollo humano, económico y social incluyentes y sostenible, pasa por reconocer, respetar y apoyar el enorme capital social que el país tiene en materia de organización comunitaria y gobierno local: desde las comunidades indígenas, que tienen efectivos sistemas de servicio comunitario y gobierno de las fuentes de agua, demostrando ser los mejores guardianes de los bosques de alta captación hidrológica, hasta las Municipalidades, Comités de Cuenca y Asociaciones de Vecinos, tanto campesinas como urbanas. Todo esto debería reconocer y apoyar una Ley sobre la materia específica del agua, en vez de la centralización (lejana a la comunidad usuaria, onerosa y propicia a la corrupción y el tráfico de influencias).

Es imprescindible mantener el espíritu de la Constitución Política de la República, estableciendo el agua como un bien de dominio público, en vez de convertirlo en un asunto de “seguridad nacional”, que mantendrá abierta la puerta a la represión de la protesta social de quienes vean vulnerados sus derechos a una vida digna, en la que el agua es un elemento indispensable.

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