Hacia un Estado plurinacional, justo y democrático

Llamamos a todas las comunidades, organizaciones populares, sociales, estudiantiles, juveniles, de mujeres, campesinas, autoridades comunitarias y ancestrales, instituciones democráticas y a la sociedad en general, a reactivar las asambleas ciudadanas y promover la unidad y la discusión e impulso de una agenda integral, que tenga en cuenta no solamente las reformas políticas y del Estado, sino reformas estructurales del sistema económico y social, que recoja las aspiraciones de las mayorías hacia un Estado plurinacional, justo y democrático.

El Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, Asamblea Social Popular e Indígena de Quetzaltenango y Comisión Ciudadana de Transparencia y Probidad de Quetzaltenango

Nosotros, mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niñas y niños de las nacionalidades de los pueblos originarios Mam, Kiche y Mestizo del departamento de Quetzaltenango, conscientes de su propia historia, nos vemos en la obligación de pronunciarnos por la situación de los acontecimientos provocados por la irresponsabilidad de los sectores de poder empresarial, militar y político partidario.

Declaración ante el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional

Con mucha indignación vemos que el informe recién presentado por el Presidente de la República dista mucho de la realidad nacional del país, lo cual es información falaz de lo ideal, sin embargo carece de información sobre los índices de pobreza y extrema pobreza, ni por asomo se mencionó lo ocurrido con las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de desnutrición y la salud en general, la falta de capacidad de ejecución presupuestaria, el estado general de la infraestructura del país, el intento de expulsar del país al Comisionado de la CICIG Iván Velásquez, la situación legal que él tiene por financiamiento ilícito, casos de su familia con la justicia en el caso Botín Registro de la Propiedad, el bono de riesgo de Q. 50,000.00 otorgado por el Ministerio de la Defensa, mismos que se vio obligado a devolver y sin haber aprendido la lección ahora nuevamente es flagrantemente encontrado, realizando gastos personales cargados al presupuesto de la SAAS; los cuales son una ofensa a la situación de pobreza de las comunidades de nuestros pueblos.

Estamos seguros que los cambios realizados en el gabinete de gobierno, están marcados por aspectos meramente políticos, como lo fue la reciente destitución del Superintendente de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa, lo cual respondió a presiones de un sector empresarial que no tributa de acuerdo a su nivel de ingresos y movimientos económicos.

Vemos también con indignación que la elección de Junta Directiva del Congreso 2018 (13 de enero) fortalece la agenda de la corrupción y la agenda económica empresarial. Esta elección de la Junta Directiva del Congreso de la República se vio marcada por vicios y movimientos que responden al Pacto de Elites, los que promovieron el Pacto de Corruptos; los cuales fueron en su momento evidentes el 13 de septiembre del 2017 y refutados por el pueblo de Guatemala el 15 de septiembre del mismo año, pero también hay violación a la ley Electoral y de Partidos Políticos, así como la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Acciones para la impunidad de operadores políticos, aprobación de medidas a favor de empresas nacionales y transnacionales, criminalización y represión, emergen como prioridades de los actores tradicionales, y como amenazas para los sectores sociales. Persisten las maniobras en el Ejecutivo y el Legislativo de fuerzas para frenar la lucha contra la corrupción y la impunidad y para favorecer a los militares que enfrentan juicios por violación a derechos humanos y corrupción.

Respaldamos las acciones del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas y denunciamos desde ya, cualquier intención de separarlo del cargo, por sectores que ven en su gestión, el trastoque de sus intereses corruptos y mantenerse en la impunidad.

Asimismo, manifestamos nuestro pleno respaldo y apoyo a la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público Thelma Esperanza Aldana Hernández, que ha puesto el ejemplo de ciudadana comprometida con la justicia para combatir de frente a las mafias, al crimen organizado, al tráfico de influencias, a la corrupción que está enraizada en el Estado. Por lo que nos declaramos en observancia permanente al trabajo que realizará la Comisión de Postulación para la selección de candidatos al cargo de fiscal general en mayo próximo e instamos a la actual Fiscal para que ratifique su candidatura para un nuevo periodo, respondiendo al fuerte apoyo de la ciudadanía.

Denunciamos la injusta y alevosa criminalización de la lucha social, principalmente de lideres y liderezas comunitarias por defender su territorio, por lo que exigimos su liberación y la de presos políticos, que se encuentran detenidos por casos en defensa de la vida, el agua y el territorio.

Denunciamos también al gobierno actual del FCN, de estar entre los que más violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y defensores de derechos humanos está cometiendo; y, que ha obstaculizado sistemáticamente el derecho de acceso a la justicia.

Estamos alertas por la aprobación de la ley de reglamentación al derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, en los términos marcados por la Corte de Constitucionalidad en el caso de la hidroeléctrica Oxec el 26 de mayo pasado (sentencia complementada por la Guía operativa para la implementación del derecho de consulta, presentada por el Ministerio de Trabajo el 18 de julio). Esta ley, considerada de máxima prioridad por los empresarios, elimina el carácter vinculante de las consultas y la posibilidad de realizarlas según procedimientos propios de las comunidades, además de permitir la continuación de proyectos que están operando sin consentimiento comunitario.

Demandamos del presidente Morales no solo las disculpas al pueblo de Guatemala, sino también la devolución de sus ingresos y gastos que no encuadran en su función presidencial y pedimos al Contralor General de Cuentas realizar a fondo la investigación de este caso de gastos personales, tanto en la SAAS como a todos los funcionarios y ministerios respectivos, para evitar la burla al pueblo que en su mayoría sobrevive con salarios mínimos.

Reiteramos nuestro rechazo a cualquier intención de cancelar el funcionamiento de la CICIG en el 2019, ya que algunos sectores han iniciado a dar sugerencias que es mejor que el FBI de los EUA sea quien asuma los casos de investigación de la corrupción, lo cual sería un total retroceso a los avances últimos, sino más bien es el escenario ideal para los grupos y sectores a quienes se les investiga por casos de corrupción. Esta intención, solo encubre la corrupción, el tráfico de influencias, el crimen organizado enquistado en instituciones del Estado, del Gobierno y de Partidos Políticos que han sido llevados a los tribunales y a las cárceles, y pone de manifiesto su complicidad y contubernio con dichos poderes paralelos nefastos que año tras año han acrecentado sus ilegales privilegios y consolidan la impunidad de quienes realizan negocios oscuros bajo la sombra del Estado.

Llamamos a todas las comunidades, organizaciones populares, sociales, estudiantiles, juveniles, de mujeres, campesinas, autoridades comunitarias y ancestrales, instituciones democráticas y a la sociedad en general, a reactivar las asambleas ciudadanas y promover la unidad y la discusión e impulso de una agenda integral, que tenga en cuenta no solamente las reformas políticas y del Estado, sino reformas estructurales del sistema económico y social, que recoja las aspiraciones de las mayorías hacia un Estado plurinacional, justo y democrático.

Quetzaltenango, 25 de enero de 2018

ComunicadoorganizacionesQuetzaltenango

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