38 años después

Kajkoj Máximo Ba Tiul, 31 de enero de 2018  

Este 31 de enero se cumplen 38 años de la masacre en la Embajada de España. En 1980, durante la dictadura del gobierno de Romeo Lucas García, la policía nacional, al mando de Pedro Arredondo, Chupina Barahona, Manuel Ángel Téllez y Donaldo Álvarez Ruiz, invadió la embajada, asesinando a 37 personas, incendiándolas con fósforo blanco. Personal de la embajada española en Guatemala, Eduardo Cacéres Lehnoff (ex vicepresidente de Guatemala), Adolfo Molina Orantes (ex canciller de Guatemala), estudiantes universitarios y campesinos de la región de El Quiché, fueron las víctimas.

Por los constantes abusos y la represión cometidas por el Ejército de Guatemala, paramilitares, G2, Policía Militar Ambulante, Policía Nacional y otras fuerzas represivas del gobierno dictador encabezado por Romeo Lucas García, en contra de la población, sin importar si eran o miembros de la guerrilla, un grupo de campesinos miembros del Comité de Unidad Campesina, apoyados por la Coordinadora de Pobladores, Obreros Cristianos, estudiantes de secundaria y miembros del Frente Estudiantil Robin García, se movilizaron hacia la ciudad capital, para denunciar dichos atropellos y las condiciones de trabajo a que eran sometidos los campesinos en las fincas, por parte de los finqueros, principalmente de la región de El Quiché.

Del grupo de personas solo habían sobrevivido: Máximo Cajal López, embajador de España, el abogado Mario Aguirre Godoy y el campesino Gregorio Yujá Xoná, quien había logrado salvarse cuando se cobijó entre los cadáveres calcinados, pero esa misma noche fue secuestrado y luego torturado, y su cadáver fue arrojado frente a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con un cartel colgado que decía: “Cajal comunista te pasará lo mismo”. En medio de la multitud de gente que llegó al entierro de los campesinos, fueron asesinados Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España. Meses después fue asesinado Roberto Mertins Murúa, profesor de la Universidad Rafael Landívar y director del Instituto de Cultura Hispánica, quien había criticado en la televisión española la forma salvaje como actuaron los militares y policías en el asalto a la embajada.

Las denuncias de los campesinos nunca se resolvieron, porque se había constituido en el país un dictador, aunque se había proclamado como “el indio Lucas”, en un discurso emotivo en Iximché, porque había llegado al poder con apoyo de innumerables líderes y académicos indígenas con quienes había hecho alianzas. Algunos de estos intelectuales eran los impulsores del Partido Frente Indígena Nacional, que posteriormente se llamó Frente de Integración Nacional. A pesar de esa alianza, el mismo ejército al mando del presidente se dio a la tarea de perseguir a los dirigentes de este partido. Por otro lado, Romeo Lucas García no podía parar la represión, porque tenía intereses económicos, relacionados con la tierra, en la Franja Transversal del Norte, principalmente en Fray Bartolomé de las Casas y era socio de la compañía que explotaba Petróleo en Ixcan en ese momento.

Hoy y después de 38 años, muchos hechos relacionados al genocidio guatemalteco siguen sin esclarecerse, pero también estamos corriendo el riesgo de volver a hechos del pasado, sobre todo, porque las elites que han gobernado al país, desde hace muchos años, siguen tomando decisiones sobre nosotros y abusando de su poder. Como es el caso de la alianza Alvaro Arzú y Jimmy Morales, quienes, para mantener su actitud corrupta e impune, están poniendo todo su esfuerzo para controlar los poderes del gobierno, sin importarles infundir miedo en la población, como lo fue el discurso de Álvaro Arzú, en la inauguración del curso de Reservas Militares este fin de semana, al arengar como cualquier dictador, que “si es necesario se debe pasar sobre las cabezas de los medios de comunicación, que para él solo dicen mentiras y calumnias. Al mismo tiempo que afirmaba que “sin las reservas militares no hay ejército y sin ejército no hay país” y que no hay que hacer caso a lo que se nos impone desde afuera, cuando nos dicen que no el ejército no debe existir”. Por otro lado, dijo “que hay fuerzas en el país que quieren contravenir el espíritu de autoridad y respeto y eso es minar a un pueblo y a una juventud y ustedes reservistas se resisten a ello”. Este discurso de un líder político investigado por corrupción y por campaña ilícita, solo nos demuestra que si no nos organizamos estamos a las puertas de volver a los tiempos más oscuros de nuestro país, sobre todo, cuando los oligarcas como Arzú, en sus discursos incentivan a la guerra, al golpe e incluso al vandalismo.

Unos días antes, la elección más espuria de una junta directiva, controlada por el hijo de Álvaro Arzú. Una junta directiva conformada por diputados acusados de corrupción y otros hechos criminales, nos daba nueva la idea de estar en los momentos más nefastos de los últimos años. Estos diputados, además de ser criminales, también son tránsfugas y por su condición llegaron a ese puesto, posiblemente pagando mordidas a los demás diputados. Esta situación es confirmada por la última resolución de la Corte de Constitucionalidad que deja en suspenso dicha elección y que da un plazo de ocho días para una nueva elección.

Otros hechos importantes que nos deben llamar a la reflexión y a tomar decisiones mucho más revolucionarias en el país, por un lado el cambio del director de la SAT, argumentado que no había llegado a la meta de recaudación y por el otro, los cambios repentinos en el Ministerio de Gobernación, en donde el presidente nombra como nuevos ministros a personas, de negra reputación. El nuevo ministro Enrique Degenhar Asturias, uno de los guatemaltecos que aparece en la lista de los papeles de Panamá. Cuando estuvo en la Dirección General de Migración, se le cuestionó sobre el uso de un vehículo blindado, que había costado más de un millón. Se le señalo de facilitarle pasaporte falso a Roberto Barrera, fue contratista del Estado, primero en el registro general de la propiedad y otro en la municipalidad de Guatemala. Es uno de los dueños de la central hidroeléctrica Rocja Pontila, la misma que fue aprobada con un estudio ambiental mal hecho y que ahora tiene en riesgo a la Laguna de Lachúa. Uno de los viceministros, Camilo José Rivera Gálvez, fue miembro del escuadrón antisecuestros durante el gobierno de Berger y fue testigo para la defensa de Vielmann en España. Esto significa que formó parte del Plan Gavilán o el Plan Pavoreal, junto con Sperissen.

Entonces y como lo afirman muchas personas en las redes sociales, que si bien es cierto que hay una persecución en contra de la corrupción y la impunidad, no se nos debe olvidar que esto es estructural y que por lo tanto requiere, como lo hemos afirmado muchas veces, de cambios de fondo y no solo de forma, por lo que no se puede apelar solo a la reforma, sino a una refundación, si lo queremos llamar de algún modo. Al mismo tiempo, si no queremos que se consolide de nuevo el pacto de corruptos y de élites, el camino es la organización social desde abajo y no desde arriba como se pretende hacer, creando nuevos movimientos políticos, que se presentan como la “nueva política”. Como lo dice Gramsci, “sólo dos fuerzas sociales son esencialmente nacionales y portadoras del futuro: el proletariado y el campesinado” y a este último podemos sumarle los pueblos originarios, quienes serán los portadores de la nueva esperanza en Guatemala.

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