Contra los desalojos y la persecución política

Denunciar el despojo, impedir los desalojos, luchar por la restitución de las tierras ancestrales de los pueblos, exigir el fin de la criminalización, aporta a una nueva Guatemala, cimentada sobre valores de memoria, justicia, solidaridad, comunidad y dignidad. Andrés Cabanas, 2 de febrero de 2018. Imágenes: La Cumbre y Semuy, diciembre de 2017 


Entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre de 2017, centenares de efectivos policiales, acompañados de operadores del sistema de justicia, delegados de instituciones estatales de derechos humanos y empresarios, participaron en operativos de expulsión de población. Sucedió en Chab´il Ch´och´, Livingston (28 de octubre, 80 familias),  La Cumbre, Tactic  (1 de noviembre, 25 familias) y Semuy, Senahú (3 de noviembre, 19 familias).

Las comunidades fueron forzadas a abandonar los territorios que ocupaban, en algunos casos desde hacía décadas, a partir de procedimientos ilegítimos y de legalidad incierta. En todos los casos, los operativos fueron ejecutados así:

-con carácter sumario (sin preaviso y en pocas horas);

-no contemplaron plan de reubicación;

-no permitieron acceso a defensa (presencia de abogados de las comunidades);

-se ejercieron con violencia, durante, previamente (amenazas, presión, apresamiento, capturas) y en días sucesivos.

Testimonios, fotografìas y videos aportados por las comunidades, así como reportajes de medios periodísticos y las conclusiones de una misión de solidaridad desarrollada por la Asamblea Social y Popular y el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz´ununija´, dan cuenta de quema de casas, destrucción de cosechas e infraestructura, robo de pertenencias y enseres de las comunidades, agresiones físicas y violencia sexual contra mujeres, tanto por parte de agentes del Estado como de finqueros y guardias privados contratados por las empresas.

La violencia ejercida implica grave violación de derechos básicos de las comunidades: alimentación, salud, vivienda, seguridad (cuando fueron expulsados de sus territorios y hasta este momento), sin que las instituciones estatales (incluidas la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH, y la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH) muestren interés en atender estas situaciones o receptividad para tramitar las denuncias de la población y de organizaciones sociales.

El despojo permanente

Los desalojos (expulsión de la población de sus territorios ancestrales) se fundamentan para el Estado y los empresarios en el derecho de propiedad privada (un título, independientemente  de la forma fraudulenta y violenta en que ha sido conseguido) frente al derecho colectivo e histórico del pueblo q´eqchi´ a habitar en su territorio y a tomar decisiones sobre su destino.

Así, desde un punto de vista estado-empresarial, el desalojo es un procedimiento técnico y una acción legal, con la condición de que sea operado con la menor violencia posible, sin conocimiento público o con ausencia de denuncia social. Desde la visión de las comunidades, es otro episodio del despojo histórico, fundamentado en la negación de los derechos de los pueblos indígenas y su condición de sujetos.

Desalojos y criminalización

Hoy,  las comunidades continúan exigiendo el retorno a sus comunidades de origen, al tiempo que la organización y la solidaridad procuran condiciones mínimas de vida en los terrenos que ocupan de forma provisional. La lucha contra el despojo sigue en La Cumbre, Semuy y Chab´il Ch´och´, mientras se prevén otros desalojos, acompañados de violencia y criminalización. La persecución a líderes comunitarios y comunidades puede generalizarse.

Antes de los desalojos de Semuy y La Cumbre, dos jueces extendieron 29 órdenes de captura (23 en la primera comunidad, seis en la segunda) para debilitar la resistencia de las comunidades, con el agravante de que las capturas podían extenderse a “las demás personas que estuviesen ocupando el inmueble”. Un anciano de La Cumbre, Rosendo Chen, estuvo en prisión preventiva más de tres meses.

La criminalización, de carácter permanente y estructural, vinculada al  modelo de despojo, puede extremarse en esta fase por la llegada al Ejecutivo (Ministerio de Gobernación) y a puestos clave en instituciones del Estado (Poder Ejecutivo) de personas directamente vinculadas a los intereses empresariales en los territorios en disputa. Algunas dinámicas institucionales apuntan en este sentido:

  1. La Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas 2018 elaborada por el Sistema Nacional de Inteligencia señala a las maras como la amenaza principal para la seguridad nacional, y la “problemática de tierras” y la “problemática de aguas” como riesgos para el desarrollo (la misma agenda considera la corrupción una simple vulnerabilidad).
  2. A fines de 2017 ingresó al Organismo Ejecutivo la propuesta de modificación del Código Penal, Iniciativa 5239, Ley contra actos terroristas, que amplía la tipificación del delito de terrorismo para calificar las acciones de comunidades y dirigentes sociales que luchan por su derecho a la tierra y el territorio.
  3. En el territorio q´eqchi´continúa la detención de líderes: el día 30, fue detenido Bernardo Caal, dirigente de la resistencia frente a la destrucción que provoca la hidroeléctrica Oxec. El próximo 7 de febrero se cumple un año de la detención arbitraria de Abelino Chub Caal.

Guatemala sin sentido

Cada vez es mayor la diferencia entre necesidades sociales y prioridades de este Estado y los grupos dirigentes. El acaparamiento de tierras, el monocultivo que reduce las posibilidades de la sobrevivencia y anula la biodiversidad, la apropiación del agua y otros bienes comunes, el racismo que niega a los sujetos de derecho, la  conversión del Estado en una agencia de competitividad empresarial, amenazan la convivencia.

La supeditación de derechos colectivos e históricos al derecho a la propiedad privada, la certeza jurídica y la seguridad de las inversiones, convierten la institucionalidad democrática en retórica y Guatemala como colectividad en una entelequia.

Frente a esta hipótesis de país, denunciar el despojo, impedir los desalojos, luchar por la restitución de las tierras ancestrales de los pueblos, exigir el fin de la criminalización, aporta a una nueva Guatemala, cimentada sobre valores de memoria, justicia, solidaridad, comunidad y dignidad.

 


 

 

 

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