Soberanía comunitaria por el agua y la vida en Honduras

Este marzo de 2018, los Campamentos Dignos por el Agua y por la Vida ratifican que no hay otro camino más que la defensa de los bienes naturales y el de la dignidad de los pueblos y comunidades. La demanda principal de los Campamentos es que los ríos sean de uso exclusivamente humano, no de las empresas. Tres textos que contextualizan la lucha por el agua en Atlántida, Honduras.

Un año de la valiente lucha de los Campamentos Dignos en Pajuiles, Tela

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, 5 de marzo de 2018

Hace un año, el 22 de marzo de 2017, comunidades del municipio de Tela decidieron instalar una acción de soberanía comunitaria de forma indefinida en los dos accesos de la empresa hidroeléctrica Hidrocep (Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V.) que pretende las aguas del río Mezapa, única fuente de agua para ellas. Se instalaron en el Sector Pajuiles, en lo que, a través de asamblea comunitaria denominaron “Campamentos Dignos por el Agua y por la Vida”.

Las demandas centrales fueron el retiro de las maquinarias de la empresa, el cumplimiento del acuerdo entre los tres actores del conflicto establecido en febrero de 2017, incumplido por parte de la empresa. Finalmente, demandaban que el Ministerio Público instara las acciones legales correspondientes en contra de Hidrocep por los daños ambientales provocados al río Mezapa y a las comunidades, los cuales habían sido constatadas por el MP desde agosto de 2016.

Las comunidades instaladas en el campamento, organizadas en el Movimiento Amplio, manifestaron su decisión firme de llegar hasta las últimas instancias por defender sus ríos y hacer una realidad que puedan ser de uso humano exclusivamente.

Las comunidades defienden las aguas del río Mezapa, única fuente de sustento para ellas.

A partir de marzo de 2017, hasta marzo de 2018, han sido muchos los ataques sufridos por los Campamentos Dignos por parte de Hidrocep en complicidad con el Ministerio Público. El saldo hasta la fecha son 17 integrantes criminalizados por defender el agua, dos represiones policiales y militares, tres desalojos violentos de los campamentos, la quema de estos en dos ocasiones distintas, un sin número de amenazas en contra de sus integrantes, un ataque directo en contra de Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia -MADJ- y un asesinato en contra del integrante de los campamentos, Geovanny Cárcamo.

A pesar de la buena voluntad de las comunidades, la empresa Hidrocep, la corporación municipal de Tela y el Ministerio Público han dejado clara su decisión de violentar derechos humanos y de saquear las fuentes de agua del río Mezapa, ya que a siete meses de los acuerdos firmados en el diálogo del 23 de agosto de 2017, estos han sido reiteradamente incumplidos por parte de estos tres actores. Este marzo, a un año de su instalación, los Campamentos enfrentarán el 14 y 15 de marzo audiencia inicial en contra de 10 de sus integrantes, como parte de la criminalización de la defensa del agua en Atlántida.

Este 14 y 15 de marzo, los Campamentos enfrentarán audiencia inicial en contra de 10 de sus integrantes, como parte de la criminalización de la defensa del agua en Atlántida.

Sin embargo, son muchos los logros que deben enlistarse a un año de su instalación, entre ellos que se ha logrado detener el trabajo de construcción del proyecto, se ha evidenciado técnicamente el impacto ambiental de la empresa, no sólo sobre la fuente de agua del río Mezapa, sino también en la salud de las habitantes y el nivel de contaminación de las aguas. Se han evidenciado a nivel nacional e internacional los daños a la convivencia pacífica y el impulso de la violencia por parte del modelo extractivo. Sobre todo, se ha escrito historia y lecciones de verdadera soberanía comunitaria.

Este marzo de 2018, los Campamentos Dignos por el Agua y por la Vida ratifican mediante su digna y heroica lucha que no hay otro camino más que la defensa de los bienes naturales y el de la dignidad de los pueblos y comunidades.

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Atlántida se resiste a entregar sus fuentes de agua

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Radio Progreso, Honduras, 5 de junio de 2017

Atlántida, al norte de Honduras, la población animada por el interés colectivo de defender el derecho humano al agua, ha montado dos campamentos permanentes de resistencia pacífica exigiendo la cancelación inmediata de dos proyectos hidroeléctricos: Centrales El Progreso Hidrocep, del empresario Jason Hawit en el sector de Pajuiles en Tela; y de Inversiones de Generación Eléctrica S.A DE C.V, Ingelsa, que construye una represa hidroeléctrica sobre el río Hilamito, en Arizona, única fuente que hasta el momento no ha sido represada en el municipio.

Honduras está viviendo momentos complicados. Por un lado hay toda una política estatal de entrega de territorios a empresas nacionales y extranjeras, y por otro una ciudadanía activa que se juega la vida defendiendo sus bienes comunes. Poco a poco están saliendo a luz pública las concesiones que se dieron durante el régimen de facto de Roberto Michelleti, los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

Según una investigación del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, (ERIC-SJ) actualmente el Estado ha otorgado 105 concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas, 950 concesiones mineras y más de 800 se encuentran en trámite. Organizaciones ambientalistas estiman que el 35% del territorio hondureño ya fue entregado a la empresa privada para su explotación.

Atlántida es uno de los departamentos que más agua tiene en Honduras. Cuenta con 73 ríos y quebradas de corriente permanente, 42 cuerpos de agua protegidos jurídicamente, que están siendo amenazados por 24 concesiones hidroeléctricas, cinco de ellas ya están en operación, según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

En 2015, la población de Arizona organizada en el Movimiento Amplio exigió a las autoridades municipales la realización de un cabildo abierto para detener la instalación de la hidroeléctrica de la empresa Ingelsa, pero el alcalde Adolfo Paguada, lejos de dar respuesta al clamor del pueblo, se unió a la empresa y manipuló el cabildo trayendo gente de otros lugares para aprobar la instalación del proyecto. Al ver las acciones del alcalde la ciudadanía autodeclaró al río Hilamito libre de hidroeléctricas.

En mayo 2017, tomando de ejemplo la lucha que libran los habitantes de Pajuiles y Mezapa en contra de Hidrocep de Jason Hawit, la gente de Arizona armó su campamento para detener los trabajos de Ingelsa. Sin embargo, la Policía y algunos trabajadores de la empresa también se apostaron en el camino que da acceso al lugar donde se construirá la planta principal de la hidroeléctrica, provocando miedo y hostigamiento en la población, que se resiste a ver su río en manos de la empresa privada.

“Estamos defendiendo algo vital para estas comunidades” dice Lucila Lemus, quien asegura que el río Hilamito es la única fuente que abastece de agua a todas las personas de Arizona, y que al ser represado se verán obligados a desplazarse forzosamente. Lucila junto a otras personas permanecen en el campamento noche y día, evitando que los trabajadores de Ingelsa continúen deforestando la montaña para instalar la represa. Los trabajos de construcción se ubican en la parte alta del municipio. El campamento de resistencia está a unos 20 metros del río, y la calle que da acceso al lugar ha sido bloqueada por los trabajadores de la empresa y la policía quienes pretenden desalojar a la gente del campamento.

La Constitución de la República de Honduras, en su artículo 81, hace referencia a la libre circulación como un derecho constitucional, argumentando que la gente puede circular libremente por todo el territorio nacional. Sin embargo, con la instalación de proyectos extractivistas, las garantías constitucionales son violentadas. Las calles que antes transitaba la población de Arizona para ir al río Hilamito, están bloqueadas por la empresa como medida de presión para que la ciudadanía abandone el campamento y los trabajos de la hidroeléctrica continúen. En esta acción participa la Policía Nacional que, contrario a su misión de “Servir y Proteger”, está hostigando a las personas del campamento para que abandonen su lucha, señala Lucila.

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En Atlántida dos campamentos encabezan la lucha por el agua

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Radio Progreso, Honduras, 28 de junio de 2017

La presencia del actual modelo de extracción mantiene a cientos de mujeres y hombres jugándose la vida por defender sus bienes comunes. En Atlántida los Campamentos Dignos por el Agua y por la Vida, significan una esperanza para un país empobrecido, donde sus gobernantes han concesionado la tercera parte de su territorio nacional a la empresa privada.

En medio de la montaña Nombre de Dios, al norte de Honduras, cada día crece la resistencia pacífica y organizada de una población que está jugándose la vida al oponerse a la construcción de dos proyectos hidroeléctricos: Centrales El Progreso Hidrocep del empresario Jason Hawit en Paujiles, Tela, y de la represa sobre el río Hilamito, en Arizona, a cargo de Inversiones de Generación Eléctrica S.A DE C.V, Ingelsa, propiedad del empresario Emín Abufele, quien también es vinculado con las hidroeléctricas de Mezapita y Matarras, siempre en Atlántida.

En este departamento existen 24 concesiones para la instalación de represas hidroeléctricas y 100 para explotación minera, según una investigación a cargo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj junto a la Universidad Saint Louis Misuri de Estados Unidos. Siendo Arizona y Tela los municipios más afectados con la implementación del modelo extractivista.

En Honduras, después del golpe de Estado de 2009, se incrementó el otorgamiento de concesiones mineras y la entrega de licencias ambientales para proyectos de generación de energía. Esto, como parte de la política de concesionamiento territorial y de bienes naturales, que otorga el gobierno de Honduras a empresas nacionales y extranjeras.

El total de proyectos generadores de energía es de 334, de las cuales 177 son hidroeléctricas, seis solares, 39 eólicas, 27 térmicas, 26 de biomasa, cuatro geotermias y una co-generación, según el “Informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, Cehprodec, 2016”.

En Atlántida la población en resistencia denuncia directamente a los empresarios Fredy Nasser, Jason Hawit, Emín Abufele y Salomón López como los destructores de la montaña Nombre de Dios, y exigen a las autoridades la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos por los daños irreversibles al ambiente que han provocado.

“Esos proyectos son de muerte y despojo”, nos dice Yuri Serrano de la comunidad Matarras en Arizona, donde el empresario Salomón López ha instalado una represa hidroeléctrica. “Nos dicen que es desarrollo para las comunidades pero es mentira. Nos roban hasta la dignidad”, agrega Yuri asegurando que producto de las hidroeléctricas muchas comunidades del sector se están quedando sin agua.

Que las personas se estén quedando sin agua es un acto criminal por parte de las empresas que con el visto bueno de las autoridades violentan las leyes y se apropian de los bienes naturales comunes para enriquecerse, ha denunciado públicamente el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, organización que junto a la iglesia católica acompañan y animan la lucha de las comunidades.

Producto de la organización y el trabajo legal que realiza el Movimiento Amplio en Atlántida, los municipios de San Francisco, La Másica, El Porvenir, Arizona y el Sector Florida en Tela, se han autodeclarado como territorios libres de mineras e hidroeléctricas. Sin embargo, los empresarios con el visto bueno de las autoridades han irrespetado la voluntad del pueblo, y las intenciones de represar los ríos continúan.

Bajo un techo de nylon y sacos de mezcal, que cubren las literas de bambú improvisadas y el fogón donde se prepara la comida que alimenta el espíritu de lucha, se pueden observar familias enteras que permanecen día y noche acampando cerca del río Hilamito. Evitando que la maquinaria de la empresa Ingelsa continúe destruyendo la montaña que da vida a las comunidades de Arizona.

En mayo de 2017, tomando de ejemplo la lucha que libran los habitantes de Pajuiles y Mezapa en contra de Hidrocep de Jason Hawit, la gente de Arizona armó su campamento para detener los trabajos de Ingelsa, sin embargo, la policía y algunos trabajadores de la empresa también se apostaron en el camino que da acceso al lugar donde se construirá la planta principal de la hidroeléctrica provocando miedo y hostigamiento en la población, que se resiste a ver su río en manos de la empresa privada.

Pero ¿cómo es la vida en este campamento? preguntaron a doña Elena Gaytán, una mujer que desde el 2015 ha denunciado la venta del río Hilamito y el papel de las autoridades municipales a favor del empresario. “Es difícil pero alegre”, contestó con una sonrisa contagiosa. “Difícil porque nos estamos enfrentando al poder económico y político. El mismo poder que mató a Berta Cáceres. Pero también es alegre porque cada día somos más las personas que defendemos el río”, puntualizó doña Elena, alegre y comprometida con la defensa del agua.

El campamento de Hilamito es sostenido por todas las comunidades de Arizona. Fácilmente se puede observar a la gente bajando de la montaña con cargas de maíz, frijoles, arroz o plátanos para alimentar el campamento que lucha contra la hidroeléctrica. “Hay personas que caminan horas para llegar hasta aquí”, nos explica Claudia Sánchez, asegurando que todo el municipio rechaza la privatización de los ríos.

La presencia del actual modelo de extracción mantiene a cientos de mujeres y hombres jugándose la vida por defender sus bienes comunes. En Atlántida los campamentos dignos por el agua y por la vida, significan una esperanza para un país empobrecido, donde sus gobernantes han concesionado la tercera parte de su territorio nacional a la empresa privada.

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