Carta abierta de Asamblea Social y Popular departamento de Guatemala, 8 de marzo de 2018

Al Presidente Constitucional de la República

al próximo Jefe del Ministerio Público

al Presidente del Colegio de Abogados y Notarios

a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

al Ministro de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil

a los estudiantes de derechos de las diferentes universidades del país

Denunciamos ante ustedes la impartición de injusticia que se ejerce contra activistas y dirigentes de pueblos indígenas, comunidades rurales y organizaciones que, por defender sus derechos e intereses colectivos, son perseguidos, acusados y encarcelados, en complicidad entre abogados, fiscales y jueces, pagados por las empresas extractivas.

Denunciamos que no avanzan las investigaciones de las denuncias de las comunidades, pueblos y organizaciones. La población defiende sus derechos y sus intereses individuales y colectivos. Pero la ley solo camina para los grandes empresarios quienes, a base de testigos falsos y mentiras dañan a familias y comunidades, y además, mienten a la población en general con campañas engañosas en los medios de comunicación.

Demandamos a las autoridades y en especial al nuevo fiscal del Ministerio Público (el o la que quede) que proceda a examinar y rectificar este camino de corrupción e impunidad que solamente beneficia a una minoría de empresas que buscan imponer un modelo que daña a las personas y a nuestro territorio.

Exigimos la libertad de mujeres y hombres que defienden sus derechos y los derechos colectivos de los pueblos