Contra la mineria y por la vida: compromiso de organizaciones sociales salvadoreñas

La ley que prohíbe la minería metálica fue aprobada en El Salvador el 29 de marzo de 2017. Hoy, esta conquista se ve amenazada por una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, favorable a las empresas mineras. La reafirmación de la ley y su desarrollo, la legislación para garantizar que el agua sea bien común, la prohibición de transgénicos y agrotóxicos, así como la garantía de la soberanía alimentaria, son las apuestas de los movimientos sociales. Una lucha por la vida que trasciende a nivel regional. Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM- reitera el llamado al Estado para que actúe en defensa de los bienes naturales y comunes, sin ceder a presiones de sectores empresariales y grupos económicos que profundicen aún más las deplorables condiciones ambientales en las que se encuentra el país.

Un ejemplo de lo anterior es la solicitud de reforma al artículo 105 de la Constitución de la República, presentada a iniciativa de los partidos ARENA, GANA y PDC, sobre el límite de posesión de tierras rústicas, por considerar que lo establecido en la Carta Magna es un obstáculo para las inversiones productivas y el crecimiento económico. Estos institutos políticos reconocieron que hay presiones de ciertos inversionistas que desean ampliar sus terrenos.

Propiedad privada sin límites

La Constitución de la República establece que la extensión máxima de tierra rústica, perteneciente a una misma persona natural o jurídica, no podrá exceder de 245 hectáreas. La derecha ha argumentado que limitar el derecho de adquisición de tierras rústicas supone una restricción para el trabajo agrícola, determinante para el crecimiento económico, la generación de empleos y la seguridad alimentaria.

Otro caso es la denuncia contra el proyecto urbanístico “Las Victorias” ubicado en Nahuilingo, Sonsonate, que representa un peligro para el Río Ceniza por el vertido de aguas residuales, además de la destrucción del Sitio Arqueológico Tacuzcalco, el cual fue nombrado en 1997 como patrimonio cultural por tratarse de un centro ceremonial indígena. Se trata de un complejo habitacional que ha irrespetado los permisos otorgados por el Ministerio del Medio Ambiente.

La empresa Fénix S.A. de C.V., a cargo de este proyecto, utiliza la necesidad del empleo para que sus trabajadores demanden que el Juzgado Ambiental de Santa Ana suspenda las medidas cautelares decretadas para detener la construcción de dicho proyecto. Igual ha ocurrido con el sitio arqueológico Chuchucato, ubicado entre los ríos Talnique y Chuchucato, en el valle de Zapotitán, donde existe un interés de empresas por construir infraestructura atentando contra los sitios arqueológicos, contra la naturaleza y los ríos.

En riesgo la prohibición de la minería metálica

No basta con presentar iniciativas a favor del medio ambiente y aprobarlas si estas no se cumplen, como es el caso de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su Reglamento, que ya tiene un año desde aquel histórico día, y no se ha hecho efectiva en disposiciones claves como: la remediación ambiental, los cierres técnicos de las minas, así como construir alternativas económicas para las familias que sobreviven de la minería artesanal, que puedan aliviar su situación económica.

En este último aspecto, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica señala, en su artículo 2, que las familias que subsisten de la minería artesanal tienen un plazo de dos años para que se dediquen a otra actividad productiva con el apoyo del Estado. Es decir: en abril de 2019 no debe existir minería artesanal en el país. Sin embargo, no hay avances para acompañar a las familias “guiriseras”, como se les conoce.

A la Mesa le preocupa además que, pese a la prohibición de la exploración y explotación de minerales, tanto a cielo abierto como a nivel subterráneo, la transnacional Oceana Gold continúa instalada en los territorios de Cabañas, esperando a que la nueva Asamblea Legislativa revierta la ley y la voluntad de las y los salvadoreños de rechazar este tipo de industrias a gran escala, por su impacto negativo en el medio ambiente, principalmente en el agua.

No existe minería verde, amigable con el ambiente

La última hazaña de esta empresa minera es revivir su gastada campaña de la “minería verde” en un intento más por hacer retroceder la decisión tomada por todos los partidos políticos representados en la saliente Asamblea Legislativa. Dicho sea de paso, la legislatura que está por terminar su periodo deja varios temas vitales pendientes como: La Ley General del Agua, tal como lo piden las comunidades y organizaciones ecologistas, la Ley de Soberanía Alimentaria, el tema de agrotóxicos y otros.

La nueva Asamblea Legislativa, electa el pasado 4 de marzo y que tomó posesión el  1 de mayo, debe asumir el compromiso de no derogar ni modificar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, pues hay una decisión firme de la población de rechazar este tipo de industrias, expresada en distintas consultas municipales y encuestas de opinión.

El Estado salvadoreño tiene la obligación de implementar efectivamente la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, dando cumplimiento al artículo 2, que hace referencia a la minería artesanal, a los cierres técnicos y la remediación ambiental.

La empresa Oceana Gold tiene que suspender su engañosa campaña y respetar la  voluntad de El Salvador de no explotar oro y plata.

Prohibición de minería y agrotóxicos, agua como bien común, garantía de soberanía alimentaria

La nueva Asamblea Legislativa debe responder a las necesidades de la población aprobando una Ley General de Agua, tal como la proponen las comunidades y organizaciones ambientalistas, así como aprobar una Ley de Soberanía Alimentaria y prohibir los agrotóxicos.

El Estado salvadoreño no debe dejarse presionar por sectores empresariales y de grupos económicos, que buscan generar ganancias a costa de profundizar la destrucción de los recursos ambientales que todavía posee el país.

Por ello, las  comunidades y movimiento social de todo el país tenemos que seguir alerta ante cualquier intento de violación de los derechos humanos a la vida, al agua, al medio ambiente sano, a la soberanía de los pueblos, reafirmando el compromiso de defender el legado de nuestros compañeros y compañeras ambientalistas asesinados en Cabañas: Marcela Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto y su bebe no nacido.

Recursos

En riesgo ley que prohíbe minería metálica en El Salvador

Prohibición o suicidio colectivo: actividad minera en El Salvador

 

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