La lucha por la tierra y un Estado represivo

Ciento once familias desalojadas de Laguna Larga hace un año siguen sin recibir respuesta del Estado. En el país la violencia es extrema, Guatemala está dirigida por la mafia y la corrupción, en un proceso de descomposición total, sin que exista el Estado de derecho.

Un análisis de Un Nuevo Sol Rebelde, 8 de mayo de 2018. Enlace a la página.

El 5 de junio del 2017 más de ciento once familias de la comunidad Laguna Larga huyeron por la línea fronteriza entre Guatemala y México. Desde 2016 mantenían en proceso una Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral, que fue presentada en septiembre de ese mismo año. En dicha propuesta las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón planteaban encontrar respuesta a sus necesidades, exigían sus derechos humanos como población, especialmente el derecho a la tierra, y promovían realizar acuerdos de conservación, concesiones forestales y tenencia de la tierra con autoridades estatales.

En este proceso mantuvieron más de diez mesas de diálogo y buscaron reuniones con las diferentes entidades gubernamentales. Todo fue en vano y las amenazas de desalojo siguieron en aumento, junto con la persecución a líderes. Un líder comunitario pagó las consecuencias, como castigo por habitar esas áreas: Jovel Tobar, habitante de la comunidad La Mestiza, estuvo más de 6 meses en la cárcel. Hoy está en situación de libertad condicional, ligado a proceso.

Han sucedido muchas situaciones desde que los pobladores de estas áreas iniciaron el proceso de la Propuesta Alternativa: la persecución y criminalización aumenta en el transcurso de los días.

El desplazamiento forzado de Laguna Larga no es el único ocurrido en Petén. En 2009 fueron desalojadas 160 familias de Centro Uno; hasta la fecha las familias viven en las calles a orillas de una comunidad cercana, en champas cercadas con nylon. En 2011 pobladores de la comunidad Nueva Esperanza fueron obligados a abandonar sus tierras y huir a México, como sucedió con Laguna Larga. Al igual que en todos los desalojos, el gobierno les promete reubicación pero en la práctica no ha habido ningún avance.

Lea también este texto: Desalojo forzado en San Andrés, Petén

El desplazamiento forzado provocó una emergencia humanitaria sin precedentes. Las familias de Laguna Larga han tenido que soportar la lluvia y el sol, dormir en el suelo, picaduras de insectos, sufrir toda clase de enfermedades. Las mujeres, ancianos y niños, quienes son la población más vulnerable, han sufrido precariedades. La niñez y juventud se encuentra sin un futuro prometedor: en septiembre de 2007 se logró detectar a treinta y seis niñas y niños con grado de desnutrición, entre los cuales ocho niños sufrían desnutrición grave. Además se detectó que cerca de catorce mujeres estaban con embarazos de alto riesgo.

La legislación de Guatemala está acorde en muchos aspectos con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Sin embargo, el pasado 25 de abril la Corte de Constitucionalidad denegó el recurso de apelación y confirmó la resolución de la Sala de Apelaciones de Poptún, Petén, dejando en completo desamparo a las familias que aún siguen en la línea fronteriza. Con esta resolución la Corte estaría avalando la violación a los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad, igualdad ante la ley y los tribunales, al agua y servicios básicos de salud. En esta situación el Estado ha violado los derechos humanos en su totalidad, no hay garantías constitucionales.

Cronología del proceso de la comunidad Laguna Larga

El día 2 de junio de 2017 la comunidad se enteró de que se dirigía un fuerte contingente de militares, Policía Nacional Civil y Ministerio Público hacia el lugar que habitaban. La comunidad, considerando que los desalojos son violentos, analizó la situación y decidió que debía salir antes que llegara el contingente para evitar cualquier agresión, capturas de líderes u otras consecuencias lamentables. Se establecieron entre la línea fronteriza de Guatemala y México, cerca de un poblado llamado El Desengaño, en el Estado de Campeche.

Cuando los militares y policías llegaron al lugar donde residían los campesinos, recibieron órdenes para incendiar viviendas y quemar bienes. Las familias recordaron lo sucedido en años de la guerra, cuando eran perseguidas por militares y se veían obligadas a huir y abandonar sus tierras.

El día 29 de mayo de ese año, el Comité Central de Laguna del Tigre en protección de la comunidad, con el apoyo del abogado Juan Castro y el Bufete de Derechos Humanos, había presentado amparo preventivo en la Sala de Apelaciones de Poptun, Petén, en contra de la resolución de primera instancia que autorizó el desalojo, alegando la ilegalidad del mismo por incumplir los Principios Básicos y Directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, así como el derecho a la defensa y notificación previa. La Sala de Poptún denegó amparo provisional, por lo que se interpuso apelación en la Corte de Constitucionalidad.

El 5 de junio de 2017, al menos cuatro organizaciones de derechos humanos de México, al enterarse del desalojo, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en favor de Laguna Larga. El Estado se ha limitado a proporcionar algunos alimentos cada tres meses, nombrar a tres maestras para atender la educación de los niños en el campamento, y nada más.

Las mesas de diálogo que se iniciaron no han dado los resultados esperados para la comunidad, las mismas se estancaron a finales de diciembre de 2017. Las instituciones convocaron nuevamente a reuniones el pasado 26 de abril de 2018.

A finales de 2017 el Estado guatemalteco publicó en algunos medios de comunicación que estaba ofreciendo dos fincas para reubicar a la comunidad, pero eso nunca se discutió formalmente en las mesas de diálogo. A pesar de ello, el Estado ha publicado que la comunidad se niega a ser reubicada, lo cual es negativo.

Constantino Vásquez, lider comunitario, expresa que “Lo que la comunidad quiere son condiciones claras, previamente discutidas y acordadas, para poder aceptar una reubicación. Si no existen esas condiciones, la comunidad no puede aceptar ninguna reubicación”.

El 27 de octubre de 2017 se presentó una nueva acción de amparo en favor de Laguna Larga por el incumplimiento y lentitud en la implementación de las medidas cautelares. Se demandó el retorno provisional de la comunidad a sus tierras, en virtud de dichas medidas.

En enero de 2018 la Relatora Especial sobre la Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Leilani Farha, presentó un amicus curiae como respaldo a los argumentos presentados en la primera acción de amparo interpuesta en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Poptún, Petén, para orientar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad sobre la misma.

A inicios de marzo de 2018 la Corte de  Constitucionalidad resolvió de forma parcialmente favorable, ordenando que el Estado cumpla sin demora con las medidas cautelares, para que continúen los diálogos y poder encontrar una solución duradera. No se pronunció sobre el retorno provisional de la comunidad, ante lo cual el pasado 3 de marzo de 2018 se presentó recurso de ampliación ante la Corte de Constitucionalidad, pero la respuesta no fue favorable, como se indica arriba.

El Estado ha gastado millones de quetzales en hacer una consulta con el tema del diferendo entre Guatemala y Belice: gastos innecesarios porque además pasarán años antes de saberse una respuesta por parte de Belice. Sin embargo, no prioriza las necesidades de familias que viven refugiadas en un país que no es Guatemala, porque Guatemala ha demostrado que para prestar refugio es pésimo como país, como revelan el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y otros sucesos delictivos. En el país la violencia es extrema, Guatemala está dirigida por la mafia y la corrupción, en un proceso de descomposición total, sin que exista el Estado de derecho.

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