Detengamos la represión contra los luchadores del campo popular

De acuerdo a datos proporcionados por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA), entre el 1 de enero y el 8 de junio del presente año se contabilizan 135 agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos. Pero solo en el último mes, y a partir de este extremismo de derecha que muestra actualmente el gobierno, se produjeron 7 asesinatos selectivos con la mayor impunidad, siguiendo todos un idéntico patrón.

Mateo Maquín, Partido Guatemalteco del Trabajo.

El gobierno de Jimmy Morales ha evidenciado su profunda convicción derechista, congraciándose con los sectores más reaccionarios y recalcitrantes. Esto se deja ver claramente en el hecho de que el llamado “Pacto de corruptos”, liderado en su momento por el oligarca Álvaro Arzú, sigue su curso aún sin su presencia física.

La oligarquía guatemalteca puede presentar fisuras, distintas formas metodológicas de gestionar su acumulación capitalista, distintos rostros coyunturales; pero en definitiva, como clase social, cierra filas ante cualquier elemento que pueda ponerla en peligro.

Un tiempo atrás parecía que había una profunda diferencia entre quienes se alistaban con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público capitaneado por Thelma Aldana, apoyando la “lucha contra la corrupción” (por ejemplo, algunos sectores del CACIF y el Frente Ciudadano contra la Corrupción) enfrentándose a los grupos presuntamente más mafiosos, representados por el Congreso corrupto, el partido gobernante (FCN-Nación) y sectores ligados a actividades económicas ilícitas (narcotráfico, contrabando, contratistas del Estado), donde habría empresarios, militares y políticos varios. Hoy esas diferencias no se ven como diferencias de fondo, nunca han existido: la clase explotadora está siempre unida para explotarnos.

La llegada del Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, marca el punto de inflexión que define con mayor claridad la tendencia ideológica del presidente Jimmy Morales. Sin importarle la política trazada por la Embajada de Estados Unidos para el país, el gobierno dio luz verde a su radicalización derechista, en respuesta a los sectores más conservadores representados por la Cámara del Agro. A partir de allí da inicio una política de represión abierta contra los sectores populares que presentan mayor resistencia y levantan más encendidamente sus justos reclamos. De hecho, los movimientos campesinos que llevan adelante sus luchas y reivindicaciones en defensa de sus territorios ancestrales contra las nuevas industrias extractivistas impuestas (minería, hidroeléctricas, cultivos extensivos para la agroexportación), son los que más han sido golpeados.

De acuerdo a datos proporcionados por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), entre el 1 de enero y el 8 de junio del presente año se contabilizan 135 agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos. Pero solo en el último mes, y a partir de este extremismo de derecha que muestra actualmente el gobierno, se produjeron siete asesinatos selectivos con la mayor impunidad, siguiendo todos un idéntico patrón.

De entre todas las agresiones contabilizadas en estos meses, hay 13 asesinatos: cinco personas pertenecientes a Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), dos del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA), dos periodistas, un miembro de la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Agroindustria de la Caña de Azúcar, un miembro de la Comunidad Indígena Chortí Morola y un miembro de la Pastoral Social de la Tierra de Quezaltenango). Además, se registran dos intentos de asesinato (contra miembros del Comité de Unidad Campesina -CUC-), 32 agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos y 76 diversos actos de criminalización a personas defensoras de derechos humanos.

De hecho, para la comisión de estos últimos asesinatos (7 en un mes) se utilizaron métodos empleados en los peores momentos de la guerra contrainsurgente de años atrás. Se mató a sangre fría con total impunidad, sin dejar rastro alguno en operativos perfectamente montados, lo que permite deducir que hay allí un plan bien orquestado, con fuerzas paraestatales que están actuando organizadamente, con el guiño de las altas esferas.

Esto puede ser el preámbulo de una modalidad de respuesta que está empezando a dar el gobierno ante todo acto de protesta que ponga en riesgo intereses de la oligarquía, básicamente los que representa la Cámara del Agro, con lo que buscaría llegar sin sobresaltos al fin de su mandato. De esta manera, la administración del FCN-Nación muestra su verdadera cara, haciendo reaparecer lo peor de la represión y la contrainsurgencia de los años de la guerra.

Ante todo ello, como Partido Guatemalteco del Trabajo -PGT– reiteramos el llamado a conformar urgentemente un Frente Popular contra la Represión, integrado por organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles, de mujeres, comunidades y pueblos que resisten y luchan por la defensa de sus territorios y por los derechos de las clases trabajadoras y los pueblos.

Llamamos a denunciar y movilizarse en contra de este resurgimiento del terror de Estado por medio de grupos paramilitares.

¡Alto a la represión! ¡Organización y resistencia!

¡Denunciemos y opongámonos férreamente a este resurgir de esta política de terror y de grupos paramilitares!

Partido Guatemalteco del Trabajo


Recursos

Udefeguadatoscriminalización

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