En defensa del agua en El Salvador

No podemos permitir que se privatice el agua

Las últimas semanas en El Salvador han estado caracterizadas por grandes movilizaciones en defensa del agua como bien común y público, y en contra de las maniobras privatizadoras de la derecha parlamentaria. Giorgio Trucchi | LINyM. 3 de julio de 2018.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), El Salvador sería el país de la región con más afectación por estrés hídrico, debido tanto a los efectos del cambio climático, como al mal uso del recurso hídrico y el maltrato a la naturaleza.

En el año 2006, un amplio espectro de movimientos y organizaciones presentó ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley General de Aguas, cuyo texto fue sucesivamente actualizado en el 2011 y 2013. Lo mismo hizo en el 2012 la Presidencia de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Ambos proyectos reconocían el agua como fuente de vida y como bien público, cuyo acceso constituye un derecho humano fundamental de la humanidad.

Lamentablemente, la derecha parlamentaria nunca permitió que se aprobara dicha ley -solamente hubo acuerdo sobre 92 de un total de casi 180 artículos-, ni aseguró los votos para que se reformara el artículo 69 de la Carta Magna y se ratificara el derecho humano al agua[1]. Tampoco hubo interés en que se reconociera el derecho humano a la alimentación y se aprobara una ley que promoviera la soberanía alimentaria en El Salvador.

Estos mismos partidos, que después de las elecciones legislativas del marzo pasado controlan la Asamblea Legislativa y la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, pretenden ahora desechar todo el trabajo realizado y retomar una propuesta que ellos mismos presentaron en el 2017 (Ley Integral del Agua).

El agua como mercancía

El temor es que se esté buscando la manera de llevar a cabo una privatización disfrazada del vital líquido. “El tema del agua en El Salvador es muy sensible y los posibles escenarios de cara al futuro son muy preocupantes”, dijo María Silvia Guillén, Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos.

Los partidos de derecha decidieron desechar el trabajo hecho a lo largo de más de 12 años y discutir otro proyecto de ley. En el artículo 14 del texto que están presentando -continuó Guillén- se crea el ente rector que se encargará de administrar el recurso, cuya junta directiva estará ampliamente controlada por la empresa privada. “Obviamente su interés no es garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente a toda la población, sino convertir el agua en una mercancía para su propia ganancia”, advirtió la defensora de derechos humanos.

De acuerdo con la propuesta presentada por la derecha salvadoreña, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep) y la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures), controlada por la ultra derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), tendrían dos representantes cada una. Uno sólo sería el representante del gobierno. “La derecha trata de minimizar el tema. Dice que es una cortina de humo, que nadie quiere privatizar el agua. Pero el pueblo conoce sus artimañas y ya no se deja engañar”, manifestó Guillén.

“En este momento la decisión popular es no permitir que se apruebe el artículo 14. Nos estamos juntando nuevamente como pueblo alrededor de una causa que tiene que ver con la vida y el futuro del país. Se están multiplicando las movilizaciones y son muchos los sectores que se están sumando a la protesta”, agregó.

“Tenemos que convertir esta amenaza en una tremenda oportunidad, que permita rescatar la capacidad de lucha de nuestro pueblo. Tenemos que aprovechar la coyuntura para fortalecer la exigencia de que el derecho al agua se eleve a rango constitucional”, concluyó la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos.

[1] “El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”.

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Una iniciativa más para la privatización del agua en El Salvador

Ante la presentación del anteproyecto de Ley Integral de Aguas que recientemente realizaron la mayoría de las fracciones legislativas que integran la actual Legislatura, FESPAD, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, da a conocer su análisis desde la óptica de los derechos humanos. FESPAD, 26 de junio de 2018.

En El Salvador el derecho humano al agua es constantemente amenazado como consecuencia de megaproyectos de inversión o turísticos, deforestación, industrias extractivas, monocultivos, entre otros; a lo anterior se suma el desinterés del Estado en reconocer dicho derecho a nivel constitucional y en la normativa secundaria.

Desde hace varios años, distintas comunidades, organizaciones sociales, iglesias, gobiernos locales y juntas comunitarias de agua, hemos venido trabajando en la defensa del derecho humano al agua; en este sentido se ha promovido una ley de agua que regule y garantice el referido derecho, además de una reforma constitucional tendiente al reconocimiento del mismo como un derecho fundamental.

Como resultado de la lucha del movimiento social se logró que, el 19 de abril de 2012, la legislatura 2009-2012 aprobara una reforma constitucional (artículo 69) que reconoce al agua como un derecho humano, la cual debió ser ratificada por la legislatura siguiente (2012-2015). No obstante no la ratificó, lo que trajo consigo la imposibilidad de seguir el proceso de reforma constitucional y la iniciativa aprobada en el año 2012 quedó sin definición.

Diferentes organizaciones sociales hemos promovido propuestas normativas ante la Asamblea Legislativa. En 2006 se presentó el anteproyecto de Ley General de Aguas, actualizado por sus promotores en los años 2011 y 2013. La referida legislación plantea la creación de la institucionalidad que garantice la vigencia del derecho, una entidad de naturaleza pública y con amplia participación de actores claves de la población. De igual forma, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 2012, presentó una propuesta de ley que coincide, en buena medida, con el presentado por las organizaciones sociales.

La poca apertura y desinterés de la mayoría de los diputados que componen la Asamblea Legislativa en general, y los de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en particular, han impedido la aprobación de una legislación idónea para garantizar el referido derecho humano, a pesar de tener propuestas normativas desde hace más de 10 años.

El pasado 14 de junio los diputados de los grupos parlamentarios de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentaron una iniciativa denominada Ley Integral de Aguas. Dicho proyecto de ley goza del respaldo de la mayoría de fracciones parlamentarias, excepto del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y es opuesta a la presentada por las organizaciones sociales, en tanto que plantea la creación de un ente rector compuesto por cinco representantes, dos delegados de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dos representantes de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), y un delegado del gobierno.

Si bien el análisis debe ser más integral, queremos centrarnos en el punto de la composición de la autoridad de agua o autoridad hídrica, que da pie a creer que la propuesta tiene claras intenciones de llevar beneficios a sectores productivos como el agrícola, industrial y construcción. La propuesta de composición de la autoridad del agua es contraria al derecho humano al agua, por las claras ventajas que presenta hacia el sector empresarial cuando: a) acredita a la ANEP como el representante único de la empresa privada; b) pondera la participación de la ANEP con un número de dos representantes; c) excluye la participación de la población en general.


Tres mentiras sobre el movimiento en defensa del agua

Quienes pretenden deslegitimar el movimiento en defensa del agua recurren, en esencia, a tres falacias, que presentan como verdades absolutas. La primera: la lucha por el agua es político-partidaria. Por ende, la movilización ciudadana obedecería a un plan orquestado por el FMLN para desinformar, y toda persona u organización que defiende el derecho humano al agua estaría siendo manipulada o desconocería totalmente la problemática. Universidad Centroamericana, El Salvador, 22 de junio de 2018.

Falso. La lucha por el agua no es ideológica ni partidaria, sino por la vida. Una eventual privatización del agua afectará a la gran mayoría de la población, sin importar opción política o religión. Esta lucha es como el agua misma, no tiene color ni olor, y va en la línea de lo que establece la ONU, la OEA y el Papa Francisco, y de lo que han expresado los ciudadanos en las encuestas. Acusar de manipulables o ignorantes a los que abogan por la no privatización del agua refleja desprecio por la opinión ajena y constituye un insulto a la inteligencia de la gente, que hoy está informada y concienciada. Por eso, ningún partido debe intentar montarse sobre una lucha que no es más que la defensa ciudadana de un derecho humano.

La segunda falacia: no se quiere ni pretende privatizar el agua porque no lo permite la Constitución de la República y porque el agua es un derecho humano; lo que se desea es que haya agua en cantidad y calidad para todos.

Falso. Lo que la ANEP y sus representantes en la Asamblea Legislativa buscan es que la mayoría de miembros de la institucionalidad rectora del agua sean particulares, no representantes del Estado. Y aquellos, casi por norma, no defienden más intereses que los propios, más aún en El Salvador, cuya historia está llena de casos en los que el interés particular se ha puesto por delante del bienestar de toda la población. Ahí tenemos el ejemplo de la privatización de la banca y la creación de las administradoras de fondos de pensiones. Sí, no quieren privatizar el agua, sino más bien ser ellos quienes decidan su destino. No es lo mismo, pero tiene igual resultado.

Y la tercera falacia: la administración del agua no debe estar en manos del Estado porque el vital líquido requiere una gestión técnica, no política, y porque la gestión pública es per se ineficiente.

Falso y falso. Por supuesto, los criterios para decidir sobre la captación, manejo, distribución y protección del agua deben estar basados en conocimientos rigurosos y científicos, pero no hay que olvidar que la administración de un bien público tiene una inseparable dimensión política: la dimensión del bien común. La experiencia internacional demuestra que cuando no hay tutela del Estado, el acceso al agua termina generando conflicto social y no existe estabilidad en las inversiones en el recurso. Si lo mejor es que el Estado no intervenga en el tema del agua, ¿por qué prácticamente todos los países de América Latina caminan en la dirección contraria? ¿Por qué el Estado tiene la decisión sobre el agua en naciones desarrolladas como Estados Unidos, Francia y Alemania?

Por otra parte, para justificar su posición, afirman de ANDA lo que todo el mundo sabe: es ineficiente, da un mal servicio y se ha ganado el repudio de muchos usuarios. Y sí, las deficiencias de la autónoma son innegables y muchas las quejas. Por ejemplo, hay barrios enteros que no reciben el servicio durante semanas y cuando el agua llega a los chorros, no es de la mejor calidad. Sin embargo, ¿por qué en lugar de privatizar el servicio no se trabaja por mejorar ANDA institucional y técnicamente, a fin de hacerla eficiente y eficaz?

La desinformación no viene de la ciudadanía que se opone a dejar abierta la puerta para la privatización del agua, sino de quienes quieren disfrazar sus verdaderos propósitos. El movimiento no es de un partido ni del Gobierno, sino de personas, organizaciones, instituciones que no quieren que el agua se maneje como una mercancía, sino como lo que es, un derecho humano. La ANEP y sus representantes en la Asamblea han subestimado la inteligencia y la capacidad de reacción de la ciudadanía. Si al final las actuales mayorías parlamentarias valoran que el costo político es muy alto y deciden detener la discusión hasta después de 2019, que sepan que la defensa del agua seguirá, independientemente del signo del Gobierno que esté en el poder.

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“Queremos a la ANEP fuera de la autoridad del agua”: Margarita Posada

Las protestas del movimiento social no han cesado, ahora diversas organizaciones que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua marcharon hacia la gremial empresarial ANEP, cuyo anteproyecto de “Ley Integral del Agua” ha sido acogido por ARENA, y otros diputados de derecha, y pretenden impulsarlo como Ley General de Agua para el país. Gloria Silvia Orellana y Alma Vilches, Diario Colatino, El Salvador.

“Queremos que la ANEP esté fuera de la autoridad del agua. Y nos parece un irrespeto para la población, al abandonar todo un proceso de consensos de 92 artículos, para favorecer un anteproyecto presentado por los partidos de derecha y que ha sido formulado por técnicos de la ANEP, y en específico de la industria azucarera”, afirmó Margarita Posada del Foro Nacional de Salud.

Bernardo Belloso, presidente de Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIPDES, manifestó que como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua han señalado a la Asamblea Legislativa la necesidad de dejar el manipuleo partidario, al referirse al tema de la distribución, conservación y administración del recurso hídrico del país. “El agua no es interés de un solo partido político, estamos hablando del interés de un pueblo y si nos violentan nuestros derechos, estamos en la obligación de protestar y exigir cuando los vulneran. Y esa propuesta de Ley Integral de Agua, que impulsa ARENA, tiene una función privatizadora, y no estamos inventando, tenemos experiencias como la privatización de la banca, telecomunicaciones, la dolarización. Ya no nos engañan”, sostuvo Belloso.

Asimismo, planteó que la propuesta de ley que en su momento presentó el Foro del Agua y organizaciones ambientales es la que consideran más adecuada y eficiente para ser estudiada y aprobada. “En México ya se privatizó el agua, lo firmó su presidente (Enrique Peña Nieto), entonces, no estén tratando de engañarnos que no se privatizará, y que es cortina de humo del FMLN. Es el pueblo el que está en la calle protestando y defendiendo su agua”, puntualizó.


Ley General de Agua, versión popular

En El Salvador hay bastante agua, pero por lo mal que la manejamos y lo mal que manejamos los demás elementos de la naturaleza como el bosque, el suelo, los animales, la atmósfera, la estamos acabando. Cada vez hay menos agua de buena calidad para el uso y consumo de la gente.

Aún así, el Gobierno no hace nada para proteger y recuperar el agua ni las cuencas, ni mucho menos garantizar a toda la gente el agua que necesitamos para vivir. A este paso, nuestras hijas e hijos no tendrán agua para su vida. En otras palabras, en El Salvador, sino cambiamos, nos moriremos de sed.

El agua es necesaria para la vida de las personas, animales, plantas y todas las formas de vida del planeta, por eso es importante que sea de y para todos y todas. Es importante que nadie maneje a su antojo este líquido vital.

En el país ya se han dado muchos pleitos entre poblaciones, con empresas privadas, con municipalidades y también con ANDA por el agua misma. Esto ocurre por que no existe una ley que la proteja y la reparta con justicia.

Este librito es una propuesta de ley que podría ayudarnos a hacer una gestión duradera, justa y equitativa del agua. Propone la creación de nuevas instituciones, nuevas maneras de organizar el territorio salvadoreño, mucha participación de la gente y otra forma de entender y resolver este problema.

Para empezar, debemos comprender que sino nos ponemos las pilas, el agua puede acabarse, y que cuidarla y defenderla es obligación de todas y todos.

Ley general de agua, versión popular

 

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