Ley de consulta legaliza el despojo en Honduras

Pronunciamiento de los Pueblos Indígenas de Honduras

Reunidas y reunidos en Tegucigalpa, la capital de Honduras, mujeres, hombres niñas y niños, jóvenes, consejos de ancianos y ancianas que han sido autoconvocados por el Observatorio de derechos de los Pueblos Indígenas, hemos caminado desde distintas comunidades para discutir, analizar y tomar posicionamiento frente a la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que pretende aprobar el ilegítimo régimen de Juan Orlando Hernández.


La asamblea conformada por seis Pueblos, maya chorti´, lencas, pech, miskitus, tolupanes y garífunas, después de un arduo trabajo de discusión, rechazamos de manera unánime y contundente dicha iniciativa de Ley, de la siguiente manera:

Condenamos este anteproyecto porque es una iniciativa del Estado de Honduras en contubernio con empresarios nacionales, extranjeros y organismos financieros internacionales para legalizar y legitimar el despojo de las tierras ancestrales, bienes comunes, culturas, espiritualidades, y la gente de esos territorios.

La Ley es una iniciativa racista cuya existencia sólo puede entenderse en el marco de una institucionalidad al servicio de la dictadura cuyo fin es el exterminio de nuestros pueblos, nuestras sabidurías, lenguas y dignidad.

En este anteproyecto de Ley se refieren sistemáticamente a diálogos y negociaciones bajo el control del Estado. Los pueblos indígenas no estamos dispuestos a dialogar y a negociar nuestros territorios, para nosotros y nosotras la tierra no es un medio de vida, para nosotras y nosotros los territorios significan vida comunitaria y colectiva.

Condenamos a los que en nombre de los pueblos, particularmente a Gloria López, la CONPAH, Juan Manuel Díaz del pueblo chorti´, negocian con el Estado de Honduras usando instancias como la DINAFRO.

Los pueblos seguiremos defendiendo nuestra autodeterminación y el derecho soberano que nos asiste, pues somos quienes ya habitábamos estas tierras cuando se creó la República de Honduras.

Desautorizamos al Estado de Honduras que pretende aprobar esta Ley para excluir y saquear los territorios que nosotros habitamos desde siempre y le advertimos que, donde vayan sus proyectos de muerte, encontrarán nuestras resistencias llenas de vida, de justicia y de inspiración por nuestras hermanas y hermanos que como Berta Cáceres nos acompañan en los caminos.

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Otros recursos

Estado de Honduras lleva a votación proyecto de Ley de Consulta que niega “derecho a veto” de los pueblos, con respaldo de la OIT

Texto completo. Avispa midia.

 

El artículo 2 del texto garantiza que ‘la consulta no implica derecho a veto’. “Para sorpresa de los pueblos y organizaciones indígenas, en especial aquellas que hemos cuestionado el proceso de elaboración de ley, nos hemos enterado de forma tardía que el Estado de Honduras, el 28 de febrero del presente año, remitió a la OIT una versión “revisada” del anteproyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada”, señala Ofraneh en un comunicado.

Entre las recomendaciones presentadas por la OIT, sostiene Ofraneh, que obtuvo acceso al documento con las recomendaciones, están las referentes al segundo artículo de la ley. La OIT sugiere que se incluya: “La finalidad de la presente Ley es establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades de los PIAH, respecto a todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda. La Consulta no implica derecho a veto.”

Tal orientación de la OIT ha sido manifestada en textos publicados por el órgano e, incluso, ha sido objeto de declaraciones públicas de sus altos funcionarios.

Para la Ofraneh, el adendum que solicita la OIT para el art. 2, coloca el destino de los pueblos indígenas en manos de los Estados-nación, “perpetuando de esta forma el colonialismo interno que ha venido amenazando la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas. Así que la OIT se quitó máscara y se puso más del lado de los Estados y propietarios que de pueblos indígenas”, dice la organización garífuna en un comunicado.

Otros artículos desconsideran la libre determinación de los pueblos. El artículo 20, por ejemplo, trata de ‘Restricciones al Derecho de Propiedad Colectiva’ y dice: “Excepcionalmente, cuando la medida sea por causa de necesidad o interés público, podrán establecerse restricciones o limitaciones al derecho a la propiedad colectiva de las comunidades de los PIAH susceptibles de afectación directa o a las tierras que tradicionalmente ocupan y a las que han tenido acceso para sus actividades tradicionales y de sustento, siempre que estas limitaciones sean estrictamente ajustadas a la necesidad de la medida por adoptar y que no impliquen una denegación de su subsistencia e integridad como pueblo o comunidad”.

Además, en el artículo 21 establece que “si los pueblos indígenas no participan en una consulta, entonces el Estado es el último en tomar la decisión, también mediante un decreto ejecutivo van a nombrar una figura que supuestamente es quien va a administrar y controlar todo el proceso de la consulta”.

“No estamos (exigiendo) únicamente el derecho al veto, estamos exigiendo la libre determinación de los pueblos. Que tomemos nuestras decisiones como nosotros la queramos, y que a través de la máxima autoridad de las comunidades, la asamblea, se apruebe o no cualquier decisión. Y no así, como están haciendo, llevando a cinco personas a un hotel en la capital a vivir bien allá para decidir sobre nuestras vidas. Definitivamente, no tiene sentido alguno efectuar consulta si no hay derecho a decidir sobre el territorio”, declaró Miriam, durante la asamblea garífuna que rechazó el proyecto.


Las consultas como expresión de las comunidades ante las industrias extractivas

AndrésCabanas

Las consultas comunitarias desarrolladas en Guatemala desde 2005 trascienden la oposición a proyectos extractivos en territorios (minería, hidroeléctricas, etc.). Las consultas cuestionan y debaten sobre modos de vida, y sobre la defensa de la identidad y cosmovisión de los pueblos frente a proyectos que afectan de forma estructural. Esta situación se refiere no solamente a procesos de pueblos indígenas, sino de comunidades y pueblos en general, que proponen nuevos ámbitos de consulta (sobre el agua en el oriente del país), nuevas formas de representación, organización y decisión.

Las consultas promueven una democracia directa, amplían el régimen de derechos, fortalecen una nueva cultura política fundamentada en el diálogo y el consenso, en vez de la imposición.

Aunque autoridades estatales y actores económicos niegan la validez de las consultas, estas se legitiman al constituir un ejercicio de decisión comunitaria y de los pueblos, fundamentada en tradiciones históricas, en leyes vigentes y en el derecho de decisión, que abarca la capacidad de definir el modelo político, económico y social.

La reducción del análisis de la validez de las consultas a aspectos legales, frecuentemente seguida por gobierno y empresas, se convierte en camisa de fuerza. Si se promueve por encima de la voluntad y la decisión de las comunidades, es ejercicio de poder arbitrario.

El ejercicio del derecho a la consulta se convierte en ensayo de nueva organización y operativiza el derecho de libre determinación, no incluido en el sistema jurídico oficial; es decir, el derecho de los pueblos a definir libremente su destino, en aspectos sociales, políticos y económicos.

Las Consultas como expresión de las comunidades ante las industrias extractivas


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