Una aclaración necesaria al editorial de Prensa Libre del sábado 13 de octubre de 2018

Los bienes naturales de Huehuetenango han sido asediados durante la última década por proyectos extractivos. Ante este asedio la población de Huehuetenango, en general, ha hecho uso de una serie de recursos legales y pacíficos para defender su territorio y habitantes. Prueba de ello son sus 29 Consultas Comunitarias de Buena Fe realizadas entre los años 2006 al 2015.

Rubén Herrera, Coordinador de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango, ADH, 14 de octubre de 2018


El día sábado recién pasado, 13 de octubre de 2018, leyendo Prensa Libre, nos encontramos con su editorial, el cual nos causó una profunda preocupación, por lo inexacto, lo tendencioso y porque deja mucho que desear con relación a la función de la prensa, como es informar y hacerlo verídicamente, esto último, al parecer, lo más difícil, según lo confirma dicho editorial.

Para principiar, queremos informarle a quién escribió el editorial y a Prensa Libre que los bienes naturales de Huehuetenango han sido asediados durante la última década por proyectos extractivos, mismos que están en un territorio habitado por diez Pueblos: nueve de origen maya y el pueblo mestizo. Ante este asedio la población de Huehuetenango, en general, ha hecho uso de una serie de recursos legales y pacíficos para defender su territorio y habitantes. Prueba de ello son sus 29 Consultas Comunitarias de Buena Fe realizadas entre los años 2006 al 2015.

Los resultados de estos procesos basados en la ancestralidad del Pueblo Maya y de la organización comunitaria legítima han sido presentados a la Corte de Constitucionalidad, al Congreso de la República, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, y han servido para demostrar la convicción pacífica de nuestras comunidades y nuestra aspiración a un desarrollo integral donde seamos tomados en cuenta para definirlo y diseñarlo.

Sin embargo, mientras nosotros luchamos por ser escuchados, los gobiernos de turno, desde el de Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y ahora Jimmy Morales, a través de sus Ministros de Energía y Minas, se han dado a la tarea de emitir licencias mineras e hidroeléctricas, para entregar nuestros territorios y sus bienes naturales a empresas extranjeras y/o nacionales, sin importarles los Pueblos que lo habitan y el significado histórico, cultural y cosmogónico que representan para nosotros los bosques, las montañas y los ríos.

Hasta el momento, solo en el territorio de Huehuetenango existen 18 licencias para la construcción de hidroeléctricas y 101 licencias mineras, esta es la razón que nos ha obligado como población a informarnos, organizarnos y buscar formas de accionar ante esta irresponsabilidad estatal.

Pero nunca hemos usado la violencia y tampoco nos movemos fanáticamente. Lo hacemos con la claridad de los derechos políticos que nos asisten, pero también  como habitantes de estos territorios milenarios. Hasta hoy nadie nos ha preguntado qué tipo de desarrollo queremos y cómo éste nos hará salir de la pobreza y extrema pobreza en que vivimos la mayoría, mientras otros logran subsistir de las remesas que reciben de sus familiares que se han visto obligados a migrar a Estados Unidos.

El 25 de mayo de 2009, el municipio de San Mateo Ixtatán realizó su Consulta Comunitaria de Buena Fe, en la cual participó activamente la Microrregión de Ixquisis. 25,647 habitantes del municipio expresaron un rotundo No al modelo extractivista. Una de las preocupaciones por las cuales participó la población de Ixquisis fue el conocimiento que ya se tenía sobre las licencias otorgadas para la construcción de hidroeléctricas.

Queremos informarle al editorialista de Prensa Libre que los comunitarios de Ixquisis tienen diez años de estar planteando sus preocupaciones por los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés. El temor de toda la población es el de la explotación indebida de sus bienes naturales, sobre todo el agua de sus ríos y que el despojo se continúe concretando con la devastación del territorio que habitan y por lo consiguiente no habrá futuro para las generaciones venideras de Ixquisis.

Si alguien ha actuado al margen de la ley, paradójicamente, ha sido el propio Estado de Guatemala, cuando ataca a las comunidades impunemente y luego acusa a sus pobladores de ser inconformes y violentos.

Cuando se estaba implementando la Consulta Comunitaria de Buena Fe de San Mateo Ixtatán, una de las mayores preocupaciones de la ADH era el hecho de la existencia de espacios territoriales en los que pervivían los resabios del conflicto armado interno e Ixquisis era uno de ellos por ser una zona en donde habitaban ex patrulleros de autodefensa civil, ex PAC, que todavía ejercían presión y presencia sobre la población. Prueba de ello es que al llegar la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico, Sociedad Anónima (PDHSA) fueron los primeros que se integraron a la seguridad privada de dicha empresa y a trabajar esporádicamente en el proyecto.

Estas contradicciones locales se trasladaron automáticamente a los proyectos hidroeléctricos, profundizándose la zozobra y la intranquilidad en la población que defendía y defiende sus bienes naturales ante un proyecto que no le brinda ni le brindará ningún beneficio a la población Chuj, Q´anjob´al y mestiza que habitan ese territorio.

De manera permanente la población de la Microrregión de Ixquisis ha denunciado todas las estrategias de terror, miedo y persecución que ha usado la empresa para implementar este proyecto. Se han presentado tres amparos a los organismos judiciales correspondientes, se han denunciado las órdenes de captura giradas en contra de líderes de Ixquisis, se ha exigido el esclarecimiento del asesinato de Sebastián Alonso Juan quién participaba en una manifestación pacífica el 17 de enero del 2017. Se ha acudido al Banco Internacional de Desarrollo –BID-, para denunciar todos los agravios causados por ese proyecto a los comunitarios de Ixquisis. Hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ya verificó in situ todos los males ocasionados a los comunitarios. En fin, es muy larga la lista de ofensas, arbitrariedades y la invisibilización de parte del Estado de Guatemala y de la empresa Energía y Renovación, que actualmente es la corresponsable junto a las fuerzas de seguridad como la Policía Nacional Civil y el Ejercito del daño causando a los miles de habitantes de la microrregión de Ixquisis. Historia que se recoge en los diez años de acompañamiento de la Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango –ADH- hacia estas comunidades.

Los hechos violentos ocurridos en el transcurso de la última semana, se suman a la lista de agravios cometidos en contra de la población de Ixquisis. Los testimonios verbales y visuales son prueba suficiente de como la Policía Nacional Civil agredió a los comunitarios que se mantenían en resistencia pacífica. Las comunidades que habitan ese territorio y defienden sus bienes naturales son las más interesadas en que todos estos hechos se aclaren y se deduzcan responsabilidades.

Como ADH hacemos esta aclaración necesaria, para que no se sigan cometiendo injusticias y que a través de editoriales y portadas como la de Prensa  Libre, se siga abonando a la confrontación en este país, que si algo necesita es respeto hacia sus habitantes para lograr vivir en paz.


Preocupante ataque a una hidroeléctrica

Prensa Libre, 13 de octubre 

El ataque ocurrido ayer contra la hidroeléctrica Ixquisis, en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, debe ser motivo de alerta para las autoridades del Gobierno y judiciales. Fue muerto un trabajador de la planta, luego de un ataque de varias horas contra las instalaciones, tras un año de hostigamiento por individuos armados que se cubren con gorros pasamontañas.

Toda acción delictiva, como el ataque a la propiedad privada o la vida misma, debe ser castigada de acuerdo con la ley. Se debe respetar el derecho de protesta, pero este se subyuga al respeto a la vida, la locomoción y la propiedad, ya que de ello depende que una manifestación se convierta en una transgresión imperdonable a la ley.

Los ataques contra la minería o hidroeléctricas se han convertido en una nueva oleada de conflictividad social provocada por grupos no identificados que estimulan la acción de activistas fanáticos.

El martes, por ejemplo, el exdirigente magisterial Bernardo Caal, procesado en Cobán por el secuestro y asalto a trabajadores en Santa María Cahabón, amenazó en una radio comunitaria con acciones contra la hidroeléctrica Chixoy, al decir que “la lucha contra los secuestradores de los ríos continuará”. La casa de máquinas de la más grande hidroeléctrica del país está bajo amenaza de destrucción, lo cual se suma a los hechos violentos en Huehuetenango. Entonces las frases de Caal causan mayor preocupación.

Mientras, los sectores ecologistas guardan un preocupante y casi cómplice silencio sobre la forma como gente de Caal enfrenta lo que a ojos de ellos es una amenaza pero que en realidad comprueba lo ilegal.

Los inconformes con las hidroeléctricas y las minas coinciden peligrosamente con otro grupo al margen de la ley, Codeca, el cual, según afirman las autoridades del sector eléctrico, roba electricidad generada por el INDE, la instala en diversos pueblos de la provincia y luego cobra a los usuarios, un acto abiertamente ilegal.

Estas muestras de violencia hacen necesario exigir a las autoridades del Gobierno y de justicia que tomen el control y apliquen la ley. Así ocurrió en varios procesos en los cuales los juzgadores son amenazados por grupos de personas congregadas alrededor de los tribunales, generalmente acarreadas y por ello ajenas a las zonas en conflicto.

Quienes piensan en la deformación de los movimientos sociales encuentran sustento en estas acciones, cuyo fondo es alimentar la nefasta industria del conflicto y generar espacios para el comportamiento extorsivo de grupos al margen de la ley actuando con impunidad y financiamiento de hecho oscuro.

Si las protestas recurren a las acciones de hecho, perderán legitimidad y estarán fuera del marco legal. No hay reclamo que merezca siquiera ser considerado si se hace con violencia y provoca muerte, secuestro o agresión contra personas ajenas a las decisiones cuestionadas. Eso es delito, y las autoridades están obligadas a intervenir y castigar a los responsables.

Ojalá la situación no se desborde. La coincidencia de hechos en tiempo y objetivos hace suponer la existencia de un plan oscuro e ilegal que debe ser controlado y sometido a la ley.


Lea además

La palabra del pueblo de Ixquisis

La empresa hidroeléctrica responsabiliza a las comunidades por la “conflictividad e ingobernabilidad” existentes. Indirectamente, asume que la población en resistencia es responsable de la muerte de un trabajador de la hidroléctrica, el 12 de octubre. La prensa amplifica los discursos acusatorios, sin intentar conocer la versión de la población acusada.

La población de Ixquisis explica en este acta comunitaria su versión de los hechos que desembocaron en la muerte del trabajador de la empresa. Presentamos imágenes de las actas, que corresponden a la versión literal, sin transcripción.

El testimonio de la población tiene el valor de la palabra.

 

 

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