Condenas sin justicia en Honduras

La sentencia por el asesinato de Berta Cáceres corrobora la responsabilidad de la empresa hidroeléctrica y condena a los autores materiales sin identificar a los intelectuales. Ruth de Frutos, periodista e investigadora. http://www.sinpermiso.info/textos/condenas-sin-justicia-en-honduras

“Llegamos tarde, llegamos tarde” repite mientras mira la pantalla de su móvil Kenia Oliva, una de las abogadas de Gustavo Castro, el testigo protegido que sobrevivió al ataque que causó la muerte violenta de la defensora lenca más conocida de Honduras: Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por defender sus territorios de los intereses empresariales. Consciente de la dificultad en el acceso al juzgado el jueves 29 de noviembre y del espacio reducido de la sala 1 del Tribunal de Sentencia Territorial de Tegucigalpa, la letrada Oliva recorre las calles del centro de la capital hondureña a gran velocidad junto con otros compañeros en un cuatro por cuatro.

El vehículo deja atrás el Estadio Nacional, con nombre del dictador Tiburcio Carías Andino, cuando se empieza a observar un aumento considerable de las fuerzas de seguridad del Estado a ambos lados de la carretera que conduce a los juzgados. Convertida en un circuito de Fórmula 1 por las medidas de seguridad colocadas sobre los carriles, la calle que desemboca en la entrada principal del edificio está bloqueada y varios agentes muestran su disconformidad con el libre tránsito de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y curiosos en las inmediaciones del edificio.

Logramos atravesar la verja de alambre siguiendo una comitiva de representantes diplomáticos y abogadas de la familia Cáceres, saltando varias barreras arquitectónicas y aprovechando la desorganización que reina en el ambiente. Los periodistas no tienen tanta suerte. Tres profesionales de la información, identificados con chalecos de colores, son retenidos fuera del cordón policial mientras los más previsores llevan tiempo en las instalaciones judiciales, retransmitiendo para sus respectivos medios de comunicación.

En la sala de vistas no cabe un alfiler y un grupo de personas se agolpa en la puerta para negociar con los agentes que les dejen entrar: “Al menos dejen pasar a Gaspar Sánchez, que es de COPINH”, exigen a los policías, visiblemente alterados. Sin embargo, las sesenta sillas habilitadas en la sala se ocuparon varias horas antes y nadie más está autorizado a pasar al recinto donde, en unos minutos, se leerá la sentencia.

El calor cada vez es más insoportable en el angosto pasillo de la planta baja de los juzgados y obliga a generar soluciones creativas. La documentación del juicio pasa a ser utilizada como un abanico improvisado mientras el suelo empieza a convertirse en un prado de personas sentadas, de rodillas o de pie. Hacinados y expectantes, los periodistas hacen pequeñas desconexiones con sus medios, mientras las personas defensoras susurran. Nadie quiere perderse el sonido precario de la lectura del fallo mediante un altavoz, aunque son conscientes de que difícilmente se condenará a los autores intelectuales del asesinato. El Ministerio Fiscal, según reconocen tanto las víctimas como su equipo legal, no ha aportado suficientes pruebas, ni profundizado en la investigación que ha durado cerca de dos años.

Los sonidos de la noche más negra

Eran las 11.00 pm. Tres disparos acabaron con la vida de la ganadora del premio Goldman, el galardón considerado el Nobel medioambiental, mientras descansaba en el dormitorio en su casa de La Esperanza, en el Departamento de Intibucá. En otra habitación del domicilio descansaba el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, quién se alarmó por los tres sonidos secos, tres disparos, y vio a otro sicario acercándose a él. Castro también fue tiroteado y un acto reflejo le salvó la vida, hiriéndole la oreja izquierda y una mano mientras se protegía del impacto de una bala.

“A pesar de las muchas amenazas que la defensora mediambientalista había sufrido por su labor, algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba de un crimen pasional”, afirmaba la investigadora de Amnistía Internacional (AI) Adriadna Tovar, en el primer aniversario del asesinato.

Desde hacía años, los integrantes de COPINH estaban visibilizando las consecuencias del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) en el Río Gualcarque, lo que había provocado numerosas agresiones a la comunidad de Río Blanco, en el occidente del país. La propia Cáceres fue fuente de una investigación publicada por AI, seis meses después de su muerte, sobre el aumento del riesgo para los activistas ambientales en Honduras y Guatemala.

Los verdaderos autores del crimen

El gerente ambiental, social y de comunicaciones de la empresa DESA, Sergio Rodríguez; los exoficiales del Ejército de Honduras, Mariano Díaz y Douglas Bustillo; Elvin Rápalo, Henry Hernández, Óscar Torres y los hermanos gemelos Edilson y Emerzon Duarte Meza fueron investigados durante el proceso judicial. Todos, salvo este último, fueron declarados culpables. Habrá que esperar al 10 de enero para saber la individualización de cada una de la penas.

Tras la lectura del fallo, familiares de Berta Cáceres, miembros del COPINH y otras organizaciones de derechos humanos se congregan en uno de los laterales del juzgado sujetando una pancarta que reza “#FaltanLosAtalas”, en referencia a los autores intelectuales del crimen. El comunicado de prensa leído por las hijas de la defensora, Berta y Laura Zúñiga Cáceres, no deja lugar a dudas.

Los autores intelectuales del asesinato de su madre “siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes de manera impune”. La exigencia de que sean puestos a disposición judicial no exime a nadie: “Todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA” deben responder ante la justicia.

No obstante, las organizaciones de derechos humanos denuncian que “se ha intentado proteger a los autores intelectuales” y que se “debe allanar el camino hacia los verdaderos autores del crimen”, como explicaba uno de los abogados de la familia de Berta Cáceres, Víctor Fernández.

Los hechos han corroborado la preocupación que ya mostraba hace un año Adriadna Tovar sobre la insuficiencia de la investigación para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola de ataques que decenas de activistas de derechos humanos siguen padeciendo en el país centroamericano. Amnistía Internacional no es la única organización en denunciar esta situación. Global Witness sostiene que “quienes encargaron el asesinato de Berta Cáceres se encuentran en un escalafón superior al de las personas que están detenidas actualmente”. En un informe de la entidad se alertaba que, desde 2010, más de 120 personas han sido asesinadas en Honduras por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente.

 “Sabemos que hay condenas pero no hay justicia”, resume Suli Rodríguez, coordinadora de comunicaciones de la Red Nacional de Defensoras, quién muestra su satisfacción relativa después de la lectura de la sentencia y de la intervención de la familia y el pueblo indígena lenca, organizado en el COPINH, en la rueda de prensa improvisada fuera del edificio judicial.

Huele a pólvora después de escuchar la resolución en la que se ha dictado la responsabilidad penal contra los implicados materiales en el asesinato de Berta Cáceres. Varios petardos han sido lanzados al aire tras escuchar la sentencia y, si bien las personas que poco a poco van abandonando las inmediaciones del juzgado actúan con tranquilidad, se palpa un silencio tenso que sueña con justicia.

La justicia debe comenzar garantizando el derecho a defender los principios recogidos en la Declaración Universal del 1948. Como decía Berta Cáceres, “despertemos humanidad, ya no hay tiempo”.

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