Informe sobre violencia en Nicaragua, periodo 18 de abril a 30 de mayo de 2018

El presente documento es producto de seis meses de trabajo en terreno y de contacto directo con las víctimas, testigos presenciales de los hechos de violencia, con las familias afectadas y organizaciones de derechos humanos en Nicaragua. Lamentablemente, como se verá en este informe, el trabajo de coadyuvancia fue perjudicado por la ausencia de respuestas de los órganos estatales nicaragüenses, que no aportaron los documentos solicitados y tampoco contestaron solicitudes de reuniones con el GIEI. Sin embargo, gracias a la colaboración de innumerables personas que aportaron valiosa información, la elaboración de este documento fue posible. 


Desde el inicio de sus labores, el gobierno de Nicaragua negó sistemáticamente la información requerida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, así como cualquier posibilidad de relacionamiento con otras instituciones del Estado. Esto implicó que el GIEI no pudo, en todo su mandato, desarrollar la labor de coadyuvancia a las investigaciones penales, prevista en el Acuerdo. Por otra parte, la violencia y represión estatal continuaron aun después de su instalación, lo que significó una seria limitación para llevar adelante el trabajo encomendado.

Al no contar con la cooperación y colaboración de las autoridades nicaragüenses para el ejercicio de la coadyuvancia, la que implicaba una labor estrecha con ellas, el GIEI implementó una metodología que se basó principalmente en recopilar información de fuentes abiertas y en el análisis de la documentación oficial provista por el Estado a la CIDH y otras fuentes reservadas. Se examinaron un gran número de documentos, incluyendo videos, fotografías y artículos periodísticos y material de los medios y redes sociales, muchos de los cuales fueron registrados por la ciudadanía participante en las protestas. Solo en material audiovisual se revisaron y analizaron más de 10 mil archivos.

A pesar de los obstáculos por la falta de cooperación de las autoridades estatales y por los riesgos de protección a que se vieron confrontadas las fuentes consultadas, el GIEI pudo reunir, analizar y verificar un conjunto amplio de información que le permite llegar a conclusiones razonables para reconstruir los hechos tal y cual ocurrieron, las circunstancias, e identificar posibles responsables.

Conclusiones

El GIEI pudo comprobar que el Estado recurrió al uso abusivo e indiscriminado de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas de protesta. Un patrón represivo, que se verificó en distintos momentos y lugares de Nicaragua, fue el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra, directamente contra los manifestantes. Se pudo comprobar que se usaron cartuchos armados con balas de plomo, cuyos calibres se corresponden con distintos tipos de armas, entre las cuales se encuentran fusiles de guerra.

Estas acciones represivas se dieron en distintos escenarios donde se llevaban a cabo acciones de protesta: manifestaciones en espacios públicos, tomas de universidades, y bloqueos de calles. El GIEI pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales. La actuación de la estructura formal de la Policía Nacional junto con estructuras paralelas fue otra característica distintiva de la represión a las protestas que pudo verse en la enorme mayoría de los eventos represivos.

También se ha constatado que el Estado recurrió a la detención de centenares de personas en razzias policiales ocurridas durante el curso de las protestas. Las personas detenidas quedaron a disposición exclusiva de la Policía Nacional y sufrieron diversas formas de maltratos y abusos. Algunas denuncias refieren situaciones de tortura, aunque el GIEI no pudo comprobar que esto haya sido un patrón durante los meses de abril y mayo.

El GIEI recibió, asimismo, distintas evidencias que dan cuenta de que la discriminación sufrida por manifestantes heridos al concurrir a hospitales públicos, en una gama de situaciones que va desde la negativa a la atención médica, aún frente a cuadros gravísimos, hasta casos de atención inadecuada y de maltrato a familiares.  

Estos hechos se dieron en un contexto en el que desde las máximas autoridades del Estado se sostuvo un discurso público de estigmatización de las protestas y se exhibió un aval político a la represión.

El GIEI considera que numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad. Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del art. 12.3 el Estatuto de Roma.

El GIEI también ha constatado que, si bien las manifestaciones fueron esencialmente pacíficas, su represión por la policía y grupos progubernamentales provocó una respuesta violenta de parte de algunos manifestantes en contra del gobierno, que se tradujo en muertes, lesiones y ataques a la propiedad privada. El GIEI no encontró evidencia que estos actos violentos hubieran sido coordinados o formaran parte de un plan. 

El Estado de Nicaragua ha infringido su deber de debida diligencia respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.  De los 109 casos por muertes violentas registrados por el GIEI, apenas 9 han sido judicializados. Al menos, 100 casos permanecen en la impunidad y, en muchos de ellos, se han omitido diligencias indispensables para el esclarecimiento de los hechos, como el adecuado procesamiento de escenas del crimen y la práctica de autopsias. En los 9 casos que han sido judicializados, 6 corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. En estas investigaciones también se evidencian graves debilidades.  La fiscalía no actuó de una forma objetiva e imparcial, no agotó todas las líneas de investigación y acusó a personas que podrían ser inocentes, algunas de las cuales ya han sido condenadas. Situación no solo injusta para los acusados, sino también para las víctimas y familiares al no obtener una respuesta verdadera. En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de la abundante evidencia que señalan su responsabilidad.

El sistema de justicia penal -Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia- ha actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos a través de la criminalización de las ciudadanas y ciudadanos que participaron en las protestas. En los procesos iniciados en contra de estudiantes, líderes campesinos y sociales se ha hecho uso ilegitimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado, entre otros, para perseguir y sancionar actos de oposición al gobierno. En todos estos procesos ha habido graves violaciones a la libertad personal, desde órdenes de detención arbitrarias, hasta el uso generalizado de la prisión preventiva, sin cumplir con la necesaria motivación, pasando por el incumplimiento de plazos para el control judicial de la privación de libertad. El derecho de defensa y la publicidad del juicio también se han visto vulnerados. Finalmente, se ha establecido que el hábeas corpus o recurso de exhibición personal ha sido ineficaz.

La violencia desatada a raíz de la protesta social iniciada el 18 de abril, ha ocasionado un profundo daño a las familias, a las comunidades y a la sociedad nicaragüense. Ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social. La violencia ejercida ha generado profundas huellas de dolor e indignación, que se entrelazan con las huellas dejadas por los enfrentamientos anteriores, y han producido el distanciamiento y la desconfianza de amplios sectores de la población con las instituciones del Estado. Las heridas serán muy difíciles de sanar si no se atiende de manera integral, con verdad, justicia y reparación, a las personas que han perdido a seres queridos, a las personas heridas que han quedado con secuelas incapacitantes; a las personas desaparecidas, las detenidas y las desplazadas; a todas las que han padecido la violencia y han sido agraviadas, así como aquellas que sufren de persecución y amenazas por ser sus familiares.

Recomendaciones

Consciente de que los períodos de graves violaciones a los derechos humanos tienden a debilitar fuertemente la calidad de las instituciones públicas, más aún cuando el poder político usa dichas instituciones para cometer o refrendar sus abusos, el GIEI recomienda:

1. Al gobierno a asegurar que el derecho de reunión sea plenamente respetado y garantizado a través del debido resguardo de las manifestaciones públicas, de conformidad con los estándares y normas internacionales de derechos humanos aplicables.

2. Al gobierno a cesar el hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales, garantizar las condiciones para que puedan desarrollar plenamente sus labores y ejercer sus derechos. En particular, la libertad de expresión, de reunión y de asociación.

3. Al Estado nicaragüense que inicie en una reforma integral de las instituciones orientada a modificar las condiciones que generaron y ahondaron la represión y la persecución política. Esta reforma se hace necesaria para materializar el compromiso de cambio y garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos, buscando que la violencia sea desterrada como medio para resolver los conflictos y establecer un nuevo pacto social inclusivo de modo que el Estado sea realmente expresión de todos y todas lo/as nicaragüenses.

4. Se recomienda al Estado la implementación de un Plan Integral de Reparaciones (PIR) que repare y compense la violación a los derechos humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en el Capítulo XII.

De manera general frente a las actuaciones de los funcionarios públicos de diferentes instancias del aparato estatal que han participado en prácticas violatorias a los derechos humanos durante los hechos de violencia a raíz de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril del 2018, el GIEI recomienda:

5. Investigar y eventualmente destituir a los funcionarios que hayan participado en violaciones a los derechos humanos. Reformar las instituciones y propiciar la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio nacional. Reconocer a las organizaciones populares, las identidades locales y la diversidad cultural, promoviendo la participación ciudadana desde la pluralidad de las diferentes opciones y posiciones políticas.

6. Disolver y desarmar inmediatamente los grupos armados paraestatales y proteger a la población de todo acto ilegal y violento. Determinar a través de investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes si éstos han participado en hechos delictivos, especialmente en atentados contra la vida y otros derechos fundamentales, y en su caso procesarles y juzgarles.

En relación con la actuación de la Policía Nacional de Nicaragua, que ha revelado un conjunto de prácticas institucionales violatorias a los derechos humanos que se han extendido en el tiempo y se han incrementado en gravedad; así como considerando la experiencia de otros países y la urgente necesidad de dotar nuevamente al Estado de una institución policial que asegure el orden interno a partir de principios de control democrático y respeto a los derechos humanos, el GIEI recomienda:

7. Depurar la institución policial, separando a aquellos mandos o agentes que participaron en actos de violación a los derechos humanos. Esta separación deberá hacerse luego de una investigación administrativa exhaustiva a fin de deslindar responsabilidades y evitar represalias e independiente de las investigaciones penales correspondientes. Para garantizar la transparencia de esta tarea podrían designarse veedores de la sociedad civil.

8. Revisar el marco jurídico normativo de la institución, simultáneamente al proceso sugerido, a fin de asegurar la garantía de no repetición, considerando: restablecer el retiro obligado del director o directora de la Policía Nacional cada cinco años, una vez que haya cumplido su período; incorporar mecanismos de supervisión y control civiles, externos a la institución; reglamentar la ley 872 conforme pautas profesionales y respetuosas de los derechos humanos; implementar una carrera policial a fin de garantizar el ingreso y ascenso por méritos y la profesionalización policial;  eliminar la figura de los policías voluntarios; trasladar los programas de recuperación de jóvenes a otras instancias de gobierno por fuera de la policía; revisar las normativas internas y procedimientos administrativos que regulan la actuación de los agentes.

9. Reformar el artículo 231 párrafo tercero del Código Procesal Penal para que toda privación de libertad sea autorizada por una juez, eliminando la posibilidad que se realicen detenciones con orden policial.

En relación con el sistema de administración de Justicia, las investigaciones muestran que el sistema judicial no utilizó adecuadamente las leyes para defender los derechos de la población víctima de las violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, se convirtió en una herramienta de criminalización de la protesta social. “La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere de un orden jurídico e institucional en que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de sus gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público” (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional), el GIEI recomienda:

10. Investigar la actuación y eventualmente depurar el sistema de justicia de aquellos jueces y demás funcionarios que vulneraron el debido proceso o no hayan cumplido con mantener su independencia del poder político. Estos procesos deberán realizarse de acuerdo con los estándares internacionales.

11. Establecer una carrera judicial con base en criterios objetivos y el mérito para la admisión, ascenso y remoción de jueces y magistrados, que incluya la Corte Suprema de Justicia. Este sistema de carrera debe incluir criterios objetivos, claramente definidos y establecidos en la ley, para la selección y nombramiento de magistrados y jueces. Esos criterios deben exigir que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales sean personas íntegras e idóneas y con adecuada capacitación y calificación jurídica y probada independencia para el ejercicio del cargo.

12. Realizar el nombramiento de magistrados y jueces, a través de un concurso público, en base a méritos, que asegure la fiscalización ciudadana. 

13. Teniendo en cuenta la falta de independencia demostrada por el sistema judicial, establecer las reformas y mecanismos necesarios para garantizar que los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril sean juzgados por instancias judiciales compuestas por magistrados que garanticen imparcialidad, idoneidad y cuenten con los recursos adecuados. Para ello deberían evaluarse distintas posibilidades que incluyan la eventual participación de jueces internacionales y/o el asesoramiento y apoyo de la cooperación internacional, en particular de países que han tenido que enfrentar y juzgar procesos de represión violenta.

14. Teniendo en cuenta la falta de independencia demostrada por el poder judicial, establecer las reformas y mecanismos necesarios para garantizar la revisión de las sentencias que fueron dictadas y las que se dicten en el futuro por los actuales tribunales, a fin de determinar si se han violado garantías constitucionales o disposiciones legales en afectación al debido proceso. Este proceso de revisión debe efectuarse con las personas acusadas o condenadas en libertad. Esta labor debe ser llevada a cabo por magistrados debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el reconocimiento de su autonomía e independencia. Se recomienda evaluar la posibilidad de convocar a magistrados de otros países y/o solicitar el apoyo o la cooperación internacional para esta tarea.

15. Reafirmar que la finalidad del sistema penitenciario es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad y mejorar las condiciones de la población penal en términos de acceso a servicios básicos de alimentación y salud, con énfasis en las mujeres, y acceso a familiares y organizaciones de la sociedad civil especializada en tratamiento penitenciario.

16. Instar al Gobierno a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición; y aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril del 2018, conforme lo establecido en el art. 12 inc. 31.

17. Reafirmar que la finalidad del sistema penitenciario es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad y mejorar las condiciones de la población penal en términos de acceso a servicios básicos de alimentación y salud, con énfasis en las mujeres, y acceso a familiares y organizaciones de la sociedad civil especializada en tratamiento penitenciario.

El Ministerio Público como institución independiente del poder ejecutivo y a cargo del análisis, investigación y ejercicio de la acción penal de los casos, ha incumplido su deber de representar a las víctimas cualquiera fuese su ideología o el contexto socio político, y realizar investigaciones exhaustivas independientes e imparciales; por lo que el GIEI recomienda para su reforma:

18. Investigar y eventualmente remover a los fiscales y funcionarios que incumplieron con el ejercicio independiente de su función u obstruyeron el esclarecimiento de los hechos. Estos procesos deberán realizarse de acuerdo con los estándares internacionales.

19. Establecer una carrera fiscal con base en criterios objetivos y el mérito para la admisión, ascenso y remoción de fiscales, que incluya al Fiscal General.  Este sistema de carrera debe incluir criterios objetivos, claramente definidos y establecidos en la ley, para la selección y nombramiento de fiscales. Esos criterios deben exigir que las personas seleccionadas sean personas íntegras e idóneas y con adecuada capacitación y calificación jurídica y probada independencia para el ejercicio del cargo.

20. Realizar el nombramiento de fiscales a través de un concurso público, en base a méritos, que asegure la fiscalización ciudadana.

21. Con la finalidad de recuperar la confianza y la credibilidad del Ministerio Publico, y garantizar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto una investigación pronta, independiente e imparcial de los hechos violentos ocurridos en el periodo comprendido entre el 18 de abril y 30 de mayo, así como los ocurridos con posterioridad, se recomienda con urgencia la creación de una Fiscalía Especial, integrada por miembros debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el reconocimiento de su autonomía e independencia. Por ello, la sociedad civil tiene que participar tanto del proceso de identificación de los perfiles como en el de selección de los fiscales. Asimismo, para fortalecer su independencia y autonomía y asegurar investigaciones imparciales que incluyan a todos los responsables directos e indirectos como su cadena de mando, se recomienda evaluar, al menos en una primera fase, la conveniencia de que se convoquen, junto a los fiscales nacionales, fiscales internacionales para hacer parte de la Fiscalía Especial. Se recomienda en este sentido que los países de la comunidad internacional pongan a disposición del Estado de Nicaragua perfiles de fiscales de su nacionalidad idóneos para tal fin y acompañen el proceso de creación.

Recomendaciones a otros actores

22. Con la finalidad de evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, se recomienda a los Estados miembros del sistema regional (OEA) e internacional (ONU) que inicien investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país.

23. Se recomienda a la cooperación internacional bilateral y multilateral, así como las entidades financieras regionales e internacionales, que incorpore un análisis de la situación de derechos humanos del país y el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos, por lo que su contribución sea enfocada en la superación de los desafíos y obstáculos identificados por los órganos de supervisión de tratados y por los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

24. Finalmente, el GIEI considera imprescindible que la sociedad nicaragüense en general y, en particular, los sectores más favorecidos y menos vulnerables, no dejen solas a las víctimas de los graves hechos de violencia y las acompañen en el reclamo de justicia y reparación.


El GIEI fue integrado por Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher Batanero, Claudia Paz y Paz Bailey y Pablo Parenti e inició sus labores en Nicaragua el 2 de julio de 2018, apoyado por un equipo técnico interdisciplinario integrado por profesionales de diversas nacionalidades y especialidades.
http://gieinicaragua.org/#section00



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