Bernardo Caal, preso de conciencia

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Desde el año 2015 el señor Bernardo Caal ha sido una de las caras más visibles de la oposición pacífica de las comunidades q’eqchi’ de Santa María Cahabón contra el proyecto hidroeléctrico OXEC.

El defensor Bernardo Caal promovió acciones legales ante las más altas cortes del país, quienes en 2017 reconocieron la violación de los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada en este caso (1).

Desde hace casi 2 años y medio el señor Caal está injustamente privado de libertad en el centro de detención preventiva para hombres de Cobán, Alta Verapaz. Amnistía Internacional considera que el señor Caal está siendo detenido únicamente a causa de sus convicciones y su trabajo en defensa de los pueblos indígenas y el día de hoy, 16 de julio de 2020, la organización lo ha declarado preso de conciencia y comenzará una campaña global exigiendo su liberación inmediata e incondicional.

Amnistía Internacional ha tenido acceso al expediente penal y pudo comprobar serias irregularidades y negligencias en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público por supuestos actos de violencia ocurridos el 15 de octubre de 2015 en contra de empleados de NETZONE SA, contratista de OXEC. Dichas irregularidades coinciden con los patrones de criminalización previamente documentados por la organización en casos contra quienes defienden la tierra o el medioambiente (2).

En este caso, llama particularmente la atención que la acusación esté basada en meras declaraciones testimoniales -a pesar de que éstas contengan importantes contradicciones e inconsistencias-, sin que el Ministerio Público haya podido aportar otros elementos para probar la presencia de Bernardo a la hora de los hechos y poder atribuirle las acciones que configurarían los tipos penales.

Dichas actuaciones se alejan de los principios de independencia, imparcialidad y exhaustividad que deben guiar las investigaciones penales (3).

Por otro lado, el Ministerio Público no buscó analizar el contexto en el que ocurrieron los hechos, ni el rol que jugaba Bernardo Caal como defensor de las comunidades q’eqchi’ en sus reclamos contra el proyecto OXEC, a pesar de que estas diligencias son claves para prevenir la criminalización de personas defensoras (4).

Cabe señalar que para la fecha en la que se reactivó la investigación, en junio de 2017 y durante el desarrollo de ésta, los medios dieron cobertura al conflicto relacionado al proyecto OXEC y a los recursos legales presentados por Bernardo Caal a nombre de las comunidades.

Amnistía Internacional incluso pudo comprobar que el proceso penal contra el señor Bernardo Caal fue acompañado de violentas campañas de estigmatización que buscaban desacreditar su trabajo y promover una visión negativa o violenta de Bernardo, de las comunidades y de las protestas. Como lo señalaron la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como resultado de estas campañas los prejuicios de que las personas defensoras son “delincuentes” y “opositores al desarrollo” pueden incluso influir indirectamente en los funcionarios estatales y afectar la presunción de inocencia en caso de criminalización (5).

En el presente caso, las negligencias e irregularidades antes expuestas apuntan a que la investigación del Ministerio Publico carece de fundamento y se construyó sobre la mera asunción negativa de Bernardo como líder comunitario, lo cual ha sido identificado por Amnistía Internacional como una de las características de la criminalización contra quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Guatemala (6).

Señora Fiscal General del Ministerio Público, las irregularidades de la investigación antes mencionadas están teniendo graves e intolerables consecuencias para los derechos del señor Bernardo a la libertad, a la presunción de inocencia y a un juicio justo y a defender derechos humanos. Por ello, con base en lo antes expuesto, y en las recomendaciones de expertos internacionales (7) respetuosamente le solicitamos:

  1. Que se inicien procedimientos para revisar si la actuación de los agentes del Ministerio Público en este caso ha sido apegada a la legislación penal y normativa interna del Ministerio Público.
  2. Una revisión de la investigación a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y documentos señalados en la presente carta.
  3. Finalmente, con el objetivo de brindar una mayor protección a quienes defienden los derechos humanos en el país y evitar nuevas situaciones como ésta, solicitamos que el Ministerio Público adopte un protocolo interno para abordar la criminalización de personas defensoras.

Notas

(1) El 4 de enero del 2017, la Corte Suprema de Justicia otorgó amparo definitivo a favor de Bernardo Caal, suspendiendo las licencias de los proyectos Oxec y exigiendo la realización de la consulta. El 26 de mayo de 2017 la Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia de amparo que reconoce el derecho de consulta previa, libre e informada y ordena la realización de la consulta, pero no suspende la operación ni la construcción del proyecto.

(2) Amnistía Internacional, Defendemos la Tierra con Nuestra Sangre: Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras y Guatemala, 2016. Disponible en https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0145622016SPANISH.PDF.

(3) Para prevenir la criminalización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que “Los operadores de justicia deben velar por la correcta aplicación del derecho y la búsqueda de la verdad de los hechos sucedidos, actuando con profesionalismo, buena fe, lealtad procesal, considerando tanto elementos que permitan acreditar el delito y la participación del imputado en dicho acto, como también los que puedan excluir o atenuar la responsabilidad penal del imputado” y “Asegurarse que las autoridades encargadas de la investigación de los delitos recaben las pruebas necesarias para determinar la existencia de una conducta ilícita antes de proceder a decretar medidas precautorias o realizar acusaciones en contra de las defensoras y los defensores”. CIDH, informe Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, 2015. Recomendaciones 20 y 21. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf

(4) La CIDH recomendó que “Al aplicar la normativa penal, los operadores de justicia deben: (…) Considerar, ante una denuncia, si el acusado tiene la calidad de defensor o defensora de derechos humanos, así como el contexto de los hechos, lo cual permitiría identificar si la denuncia fue empleada como un mecanismo para obstaculizar la labor de las defensoras o defensores”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, 2015, recomendación 19. Ver también Procuraduría de los Derechos Humanos y Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidades para los Derechos Humanos, OACNUDH, Informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, 2019, recomendación g.4.

(5) PDH y OACNUDH, Informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, 2019, párrafos 23 y 24.

(6) “Las investigaciones penales contra las personas defensoras muchas veces se basan en asunciones negativas de lo que es ser un líder o lideresa comunitaria o indígena, en prejuicios sobre las manifestaciones y en equivalencias automáticas entre liderazgo y responsabilidad por cualquier acto delictivo que se de durante éstas”. Amnistía Internacional, Defendemos la Tierra con Nuestra Sangre: Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras y Guatemala, 2016, conclusiones, pág. 62.

(7) La CIDH recomendó por ejemplo “ Promover las acciones legales pertinentes – con miras a lograr la anulación y la revocación de dichas sentencias – en casos en donde existan sentencias condenatorias a defensoras y defensores y se haya verificado que son resoluciones que castigan a las personas implicadas por actividades legítimas de defensa de los derechos” y “De ser el caso, iniciar procesos disciplinarios, administrativos o penales en contra de los operadores de justicia que hayan violado la ley al investigar, decretar medidas cautelares o condenar infundadamente a defensoras y defensores de derechos humanos.” CIDH, Informe Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, 2015, recomendaciones 40 y 42 para prevenir la criminalización.

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