TRECSA no pasa por Antigua Guatemala

El 14 de agosto de 2020, el Juzgado de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Antigua Guatemala (expediente JM 94-2019) impone a la empresa TRECSA (Transportadora de Energía de Centroamérica) una multa administrativa de Q.500 mil por infracción a reglamentos municipales (Reglamento del Plan de Ordenamiento Territorial y Reglamento de Construcción y Urbanismo) y que se retiren las torres construidas sin licencia de construcción en la Jurisdicción municipal de La Antigua Guatemala. Texto e imágenes: Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA.

TRECSA construyó ilegalmente dos torres en el territorio de Antigua Guatemala desde enero de 2018 y ha sido una larga lucha de la sociedad civil para lograr que la municipalidad tome decisiones firmes para la destrucción de las torres que afectan en el área de protección de Antigua Guatemala (el Decreto No.60-69 del Congreso de la República es la Ley Protectora de la Ciudad de La Antigua Guatemala).

El Conservador de la Ciudad reconoce que Trecsa no ha presentado ningún expediente de solicitud de licencia de construcción o de cualquier autorización al Consejo Nacional para la Conservación de la Antigua Guatemala, y en particular que:

“En la inspección ocular realizada en fecha del 3 de julio de 2019 se pudo evidenciar que si hubo tala de árboles en el sector motivo de la inspección y donde se están instalando torres de transporte de energía eléctrica deteriorando, dañando, transformando el paisaje tan característico y que está definido por el cinturón verde que rodea a la Ciudad de La Antigua Guatemala, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO) y que tanto las torres instaladas, como la tala de árboles son visibles desde la ciudad de La Antigua Guatemala” (informe circunstanciado del 17 de julio de 2019 firmado por el Arquitecto Norman Alfonso Muñoz Urizar).

La actuación por parte del Juzgado de Asuntos Municipales inició a partir de una denuncia de tala ilegal de bosque primario en la Aldea Vuelta Grande que Trecsa realizó el 5 de junio de 2019, día en el cual se conmemora el día internacional del medio ambiente, irónicamente.

El juzgado remitió el expediente al Instituto Nacional de Bosques para el tema del cambio de uso de suelo (tala de árboles) ya que es de competencia de esta institución. Alcaldes Auxiliares ya habían denunciado en enero de 2018 ante el Juzgado de Asuntos Municipales la construcción ilegal de estas torres. Se realizaron visitas de reconocimientos pero las autoridades denunciantes no vieron avances en el proceso de investigación y administrativo para resolver la denuncia. La empresa Trecsa demolió una tercera torre que había construido en la Colonia Hermano Pedro, en la aldea Santa Ana.

Trecsa inicia en 2011 los acercamientos con la Municipalidad de La Antigua Guatemala para solicitar la “autorización” de implementar las obras del “Proyecto PET-01-2009, Plan de expansión del sistema de transporte de electricidad 2008-2018” (nunca pide que se le otorgue una licencia de construcción a pesar de la existencia de un reglamento municipal).

A partir del año siguiente, varias aldeas de La Antigua Guatemala (Guardiana el Hato, El Hato, San Bartolomé Becerra, San Cristóbal el Alto, San Cristóbal el Bajo, San Gaspar Vivar, San Lázaro, San Juan del Obispo, San Juan Gascón, San Pedro El Panorama, San Pedro Las Huertas, Santa Ana y Santa Inés) piden a la municipalidad, y en reiteradas veces, que no se dé ninguna autorización para la implementación porque afectaría viviendas en San Cristóbal el Alto y San Cristóbal el Bajo, así como por la deforestación en una parte del cinturón verde y su impacto en las fuentes de agua que abastecen las comunidades.

El Consejo Comunitario de Desarrollo y la Alcaldía Auxiliar de San Cristóbal el Alto denuncian que trabajadores entraron sin permiso en propiedades privadas para marcar el trazo de sus obras y árboles. También se teme que las obras del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Electricidad implementado por Trecsa afecten el Cerro Cucurucho que está declarado zona de veda por acuerdo gubernativo de fecha del 12 de noviembre de 1981.

En junio de 2016 se dan conocer a la sociedad civil al concejo municipal de la Antigua Guatemala las resoluciones del Tribunal Latinoamericano del Agua, donde se responsabiliza a la empresa TRECSA por las violaciones al derecho humano al agua y la omisión del principio de precautoriedad que implica la lesividad al medio ambiente de las obras del proyecto. En mayo de 2017 un vecino de La Antigua Guatemala advierte sobre varias licencias de tala que pretenden deforestar áreas del cerro Cucurucho, el cuál resguarda importantes fuentes de agua que son patrimonio y bien colectivo y de las presentes y futuras generaciones. Ante esta amenaza se cita a una una reunión informativa a cargo de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa quien presentó el caso en el Tribunal Latinoamericano del Agua, para dar conocer a la población detalles sobre el proyecto Trecsa que no son publicados o difundidos y que atentan con derechos esenciales de la población antigüeña. Resultado de esta reunión se crea la la Comisión de Protección del Cucurucho y cerros aledaños.

Es a partir de la coordinación de la sociedad civil que finalmente se solicita punto de agenda en la reunión ordinaria de COMUDE de la Antigua Guatemala el día 6 de junio de 2017 y se exponen todas las pruebas e información oficial que la empresa Trecsa omitió en reuniones previas con la sociedad civil, y es entonces al final de dicha reunión que se hace un voto unánimemente “en contra de aprobar una licencia de construcción para cualquier empresa que quiera ejecutar el proyecto PET 1-2009”.

El día 21 de junio del mismo año el consejo municipal de La Antigua Guatemala, a solicitud de la sociedad civil organizada, ratificó su rechazo a la construcción de dicho proyecto en territorio de La Antigua. Independientemente al proceso de información a la población y a las autoridades municipales que detonaron la negación de licencia de construcción al proyecto de transporte de energía, la empresa TRECSA construyó entre diciembre del 2017 y enero del 2018 dos torres de forma ilegal en el territorio antigüeño, bajo mentiras y amenazas, forzaron a los pobladores de comunidades aledañas al casco urbano a cederles derecho de paso en sus terrenos, comprometiendo los nacimientos de agua, los bosques y sus actividades productivas.

Desde el 12 de enero de 2018 la Comisión de protección del Cucurucho y la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa notificaron a la municipalidad de la Antigua sobre la construcción de una torre eléctrica y la instalación de las bases para construir una segunda torre, pasaron más de 15 meses de total silencio e inacción por parte de las autoridades municipales ante la construcción ilegal de las torres, así como de los abusos e ilegalidad en éste proceso por parte de la empresa Trecsa en territorio antigüeño.

Es hasta el 30 de mayo (quince meses después) que las organizaciones comunitarias que alertaron desde enero, un grupo de madres y padres de familia y, una representación de la juventud y la niñez, presentaron un amparo por inacción contra la corporación municipal.

La razón de la acción legal llevada por el Bufete de Pueblos Indígenas responsabiliza a la municipalidad de violar derechos intergeneracionales, argumentando de que aún en conocimiento de todos los antecedentes y pruebas de ilegalidad, omitieron sus capacidades y facultades legales y administrativas para hacer cumplir la ley y el debido proceso, poniendo en riesgo el medio ambiente, bosques, fuentes de agua, zonas de recarga hídrica y corredores biológicos afectados por la tala inmoderada de árboles, así como vulneraron varios derechos individuales y colectivos de la población antigüeña. Fue necesario aclarar a las autoridades municipales en todo éste proceso, de que el hecho que el PET-1-2009 sea un proyecto nacional, no le exime a ésta empresa respetar la normativa nacional ni a las instituciones del estado en asegurar que se respeten los derechos de la población y de la naturaleza, así como corresponde a la corporación municipal hacer valer la Autonomía municipal.

Este año se cumplen ocho años de lucha para que la empresa Trecsa respete el Patrimonio Cultural de la Humanidad que representa la Antigua Guatemala, pero también la reglamentación nacional para su implementación, y no imponerse a toda costa por donde sea. La empresa ya presentó un recurso de apelación en contra de esta decisión administrativa y seguramente faltan aún unos años de lucha antes de que se logre ver el municipio librado de estas torres, pero es importante seguir presionando a la municipalidad para proteger La Antigua Guatemala, sus bosques y fuentes de agua.

¡Por mi casa, por La Antigua, Trecsa no pasa!

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