Comunidad La Cumbre: victoria contra el despojo

20 familias q’eqchi’ de la comunidad La Cumbre en Tactic, Alta Verapaz, celebran que el Juez de Sentencia Unipersonal de Cobán dictó sentencia absolutoria a favor de Rosendo Chen, Jesús Caal Chen y Juan Marino Rey Toc, comunitarios acusados falazmente del delito de usurpación agravada por el Ministerio Público. Ha prevalecido el respeto a la propiedad ancestral indígena por encima de la propiedad privada, predominando la Constitución de la República de Guatemala y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respetando los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. Información de Sergio Belteton, asesor jurídico del Comité de Unidad Campesina y Franck Coy, Red de comunicadores del CUC.


A pesar del contexto actual en el que se encuentra Guatemala, con un gobierno corrupto y represor, así como comunidades enfrentando la difícil situación provocada por las recién tormentas ETA y IOTA y la desatención del gobierno ante las inundaciones en las comunidades, el 23 de noviembre 20 familias q’eqchi’ de la comunidad La Cumbre en Tactic, Alta Verapaz, celebran que el Juez de Sentencia Unipersonal de Cobán dictó sentencia absolutoria a favor de Rosendo Chen, Jesús Caal Chen y Juan Marino Rey Toc, comunitarios acusados falazmente del delito de usurpación agravada por el Ministerio Público, institución que, por su actuar, pareciera que se encuentra al servicio de los finqueros de la región.

En esta ocasión ha prevalecido el respeto a la propiedad ancestral indígena por encima de la propiedad privada, predominando la Constitución de la República de Guatemala y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respetando los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.

El Comité de Unidad Campesina -CUC- junto con el Bufete de Derechos Humanos y la comunidad de La Cumbre, trabajando juntos, han librado esta batalla, defendiendo el legítimo derecho al territorio de los Pueblos Indígenas en Guatemala.

Información del asesor jurídico del Comité de Unidad Campesina, Sergio Beltetón y de Franck Coy de la Red de comunicadores del CUC.


Historia del despojo

Texto: José Luis Hub. Imágenes: desalojo de noviembre de 2017, facilitadas por comunidad La Cumbre y Comité de Unidad Campesina.

El presbítero Ángel Rivera despojó la tierra de las familias de La Cumbre a inicios del siglo XX (1903). Rivera trabajó como sacerdote en la capital y después se trasladó a Alta Verapaz. Tenía fama de ser enojado, acostumbraba portar pistola y puñal. Terminó como párroco de Tactic, también se hizo dueño de propiedades en Tactic, una por Xicalá y otra por La Cumbre.

Miguel Ángel Morales, hijo de dicho presbítero, sometió a los pobladores de esta aldea como mozos colonos (al mantener bajo control a los indígenas, imponiendo un sistema de trabajo forzado: esclavitud y explotación laboral). En la década de los noventa, Ángel Morales desalojó extrajudicialmente, quemando las viviendas de las familias que vivían históricamente en el caserío Nebachaj, de la aldea la Cumbre (desplazados a la aldea Chiquiguital, Santa Cruz Verapaz).

En el año 2017 (en pleno siglo XXI, época de la “modernidad”) los nietos del presbítero Rivera desalojan nuevamente a familias originarias de la aldea La Cumbre, destruyendo las viviendas y cultivos, agrediendo a mujeres y niños.

Los nietos del sacerdote Rivera acusaron de usurpación agravada a tres habitantes originarios de la aldea La Cumbre (Rosendo Chen, Jesús Caal Chen y Juan Marino Rey Toc), proceso en donde el Ministerio Público realiza una investigación ineficiente, demostrando falta de certeza jurídica sobre la propiedad.

Gracias al acompañamiento y la asesoría del equipo legal del Comité de Unidad Campesina –CUC- y un equipo del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, se logró demostrar que los acusados no han cometido ningún delito, al determinar mediante investigación documental histórico-antropológico que son originarios ancestralmente de las tierras de la aldea La Cumbre, predominando un sistema de tenencia y posesión ancestral de la tierra. Se reconoce la aplicación efectiva de las leyes y se respeta a jueces que no responden a intereses del poder económico.


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